Esta semana se ha conocido el texto del anteproyecto de Ley para la Igualdad de Trato y No Discriminación, del que informó la Ministra de Sanidad al Consejo de Ministros el pasado 7 de enero.
A falta de un estudio completo de esta nueva iniciativa legislativa del Gobierno de Zapatero –cuyas implicaciones desde el punto de vista de las libertades fundamentales pueden ser muy importantes–, es evidente cuál es uno de sus objetivos más claros: acabar con la educación diferenciada en España como una opción pedagógica más cuya libre elección corresponde a los padres.
Y es que el anteproyecto no sólo dispone, como titulaba ayer a toda plana el diario oficialista El País, que ‘La escuela que solo admita a niños o niñas no recibirá dinero público‘ –cuestión que resulta patente en el art. 16.2 del texto– sino que además, de acuerdo con el art. 16.1, ‘las administraciones educativas garantizarán la ausencia de cualquier forma de discriminación por razón de los casos previstos en esta Ley, y en todo caso, en los criterios y prácticas sobre admisión y permanencia en el uso y disfrute de los servicios educativos, con independencia de la titularidad de los centros que los imparten’. Una previsión legal que, caso de ser aprobada, dejaría a todos los centros diferenciados en una situación muy incierta de cara al futuro.
Mientras el Gobierno español hace de la eliminación de la educación diferenciada una cuestión ideológica, en diferentes países los centros que ofrecen a los padres esta opción educativa van claramente en aumento. Sus nuevos defensores aseguran tener motivos puramente científicos y pedagógicos. Los casos de naciones como EEUU, Alemania, Francia, Inglaterra, Holanda, Canadá o Australia, así lo acreditan.
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