Titulares, patronales y sindicatos inciden en el "trato injusto".
REDACCIÓN
HO.- Las organizaciones mayoritarias de la enseñanza de iniciativa
social concertada, tanto de titulares como patronales (FERE-CECA, EyG,
CECE, UECOE, FEDACES, FECC y APSEC), y sindicatos (FSIE y USO), rechazan
aspectos del Real Decreto de medidas urgentes de racionalización en el
ámbito educativo y la aplicación que del mismo están haciendo las
comunidades autónomas, que, según denuncian están incumpliendo los
conciertos.
En un comunicado, alertan de que tanto los
centros como sus trabajadores están sufriendo desde 2010 importantes
recortes en los gastos de funcionamiento y en los salarios del personal,
"de manera análoga a la escuela pública, sin tener en cuenta que la
primera viene percibiendo una financiación mucho menor y notablemente
insuficiente, para conseguir una prestación efectiva del servicio
público y social de la educación, de manera gratuita y en condiciones de
igualdad".
Según argumentan la situación "era ya difícil
hace unos meses", pero la aprobación de este texto normativo el pasado
mes de abril por el Gobierno, y sus desarrollos autonómicos, está
"dificultando" la negociación colectiva e "incumpliendo" acuerdos alcanzados
entre las organizaciones y las administraciones educativas, "sin tener
en cuenta los efectos demoledores que ello está provocando, destacando
la destrucción de empleo en el sector y, sobre todo, se mantiene la
injusta discriminación que padece la enseñanza concertada".
Estas medidas
se suman a los "incumplimientos" en el régimen de conciertos por parte
de las autonomías, cifrados en el retraso de varios meses en el abono de
los gastos de funcionamiento o en las sustituciones, impagos de
diversos programas de atención educativa o complementos previstos en
acuerdos autonómicos, así como diversas medidas de recorte que
no tienen en cuenta el régimen laboral de los trabajadores y que suponen
un incremento del gasto en las prestaciones por desempleo.
"Es
necesario dejar claro que la enseñanza concertada no es en modo alguno
beneficiaria de los recortes educativos como se viene sosteniendo en
determinados foros, ya que la aplicación de estos es generalizada en
todos los centros sostenidos con fondos públicos", aseveran estas
entidades. Asimismo, apuntan que la aplicación de algunas medidas
adoptadas podría conllevar una "pérdida en la calidad" del sistema
educativo y no combaten el fracaso escolar, además de provocar efectos
"muy negativos" en las condiciones laborales de los trabajadores del
sector.
"Trato injusto"
Asimismo, recuerdan que la enseñanza concertada ha venido sufriendo un "trato injusto" por parte de algunas administraciones,
eliminando aulas con suficiente tasa de matrícula y con igual o
superior ratio que las aulas públicas de la zona. Con carácter general,
alertan de que los alumnos de centros concertados no han podido acceder a
programas de ayuda y apoyo (transporte, comedor, PROA, bilingüismo,
redes de centros o Educa3), "en clara discriminación".
Por todo ello, las organizaciones firmantes,
tras varias peticiones cursadas por algunas de ellas, solicitan de
manera conjunta a la Administración educativa, estatal y autonómica, la
convocatoria de la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada y de las
Mesas Autonómicas para analizar el alcance y efectos de dichas
medidas y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación que señala que
"todos los centros sostenidos con fondos públicos deberán recibir los
recursos materiales y humanos necesarios para cumplir sus tareas".
Fuente: HazteOir.org.
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