MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) - La
plataforma Profesionales por la Ética ha avisado al ministro de
Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, de que va a mantener
las 400 demandas presentadas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
porque, a pesar de los cambios en el currículo para el curso que viene,
"sigue siendo una moral de Estado obligatoria".
Así lo ha indicado el presidente de esta entidad, Jaime Urcelay,
en una rueda de prensa en la que ha denunciado que el proyecto de real
decreto por el que se modifican los contenidos de Educación para la
Ciudadanía también "pretende formar la conciencia de los alumnos,
propone modificar y evaluar los comportamientos, impone criterios
morales controvertidos y conculca el derecho primordial de los padres a
educar a sus hijos".
A juicio de Profesionales por la Ética, el Gobierno del PP ha
incumplido su promesa electoral respecto a la asignatura, que, según ha
dicho, "se consolida como un elemento de disputa ideológica de los
distintos partidos en la escuela", algo "inadmisible e incompatible con
el articulo 27 de la Constitución Española –derecho de los padres a
educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones–".
Asimismo, ha indicado que existen otras alternativas para el
desarrollo de la educación cívica y constitucional, "perfectamente
alineadas en las recomendaciones europeas y respetuosas con la
conciencia". Además, ha advertido de que con la situación actual de
fracaso y abandono escolar y la necesidad de reforzar asignaturas
instrumentales como Matemáticas y Lengua, Educación para la Ciudadanía
"sobra y genera más problemas de los que pretende solucionar".
Entre los asuntos "controvertidos" que según esta plataforma
mantiene el Gobierno en su proyecto normativo, el coordinador del
informe 'la nueva EpC del PP', Mariano Bailly-Baillière, ha destacado
que "se pretende que el alumno comprenda el valor de la vida humana,
como si este aspecto fuera un punto de acuerdo social".
También ha criticado que se incluyan contenidos específicos
relativos a la convivencia, participación social, al conocimiento de la
diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia. "¿Hasta
qué punto es legal obligar a un menor a manifestar opiniones tales como
los juicios morales?", ha cuestionado Bailly-Baillière.
Fuente: Europa Press.
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