«Si se quiere que entre en vigor en 2014-15, necesitamos los currículos definitivos ya este otoño», afirma su portavoz.
Día 05/05/2012
José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele), pide al Ministerio de Educación que aclare las dudas sobre la reforma educativa,
ya que «para la adecuada elaboración de los libros y materiales
curriculares se requiere un tiempo mínimo de dieciocho meses, desde el
conocimiento de los currículos definitivos, aunque ayuda mucho conocer
los borradores de trabajo», afirma.
En
conversación con ABC, Moyano destaca: «Si se quiere que la reforma
educativa entre en vigor en el curso 2014-2015, los currículos
definitivos de las comunidades autónomas deberán estar disponibles,
aunque no necesariamente publicados, en otoño de este 2012». Un caso
especialmente urgente es el de Educación para la Ciudadanía,
que al parecer ya el curso que viene tendría que ser sustituida por
Educación Cívica. Las editoriales desconocen el temario de la nueva
asignatura.
Si
no actúa con diligencia, «el Gobierno podría ser responsable de las
pérdidas económicas en el sector de los libros de texto». Ya ocurrió con
el cambio de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), de
2002, de la época de Aznar, paralizada en 2004 con la llegada al poder
de Zapatero. Con Zapatero se aprobó, en 2006, la Ley Orgánica de
Educación (LOE), vigente.
«En cualquier caso, es necesario conocer el calendario para
evitar pérdidas de promoción, edición, etc., que como en el caso de la
paralización de la LOCE suponga una responsabilidad patrimonial del
Ministerio», subraya Moyano.
El
presidente de Anele sostiene que cualquier producto editorial «necesita
un mínimo de cuatro o cinco años para amortizar la inversión y comenzar
a ser rentable, más si son productos mixtos que combinan el papel y los
recursos digitales». Y pide «sentido común» para que los currículos
escolares tengan estabilidad, pues cambiar leyes de educación cada dos por tres es «insostenible».
Moyano también recuerda que la Comunidad Valenciana adeuda aún unos veinte millones de euros en concepto de libros de texto.
Fuente: ABC.
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