Por Juan Manuel de Prada.
Ya lo anticipábamos en un artículo anterior. Aquella reforma constitucional que los dos grandes partidos mayoritarios pactaron, por la que se establecía que el volumen de la deuda española no podría superar “el valor de referencia establecido en el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea” era en realidad una reforma encubierta del capítulo II del Título I de la Carta Magna, a la que a partir de ahora podremos llamar Carta Enanoide (en realidad, nació con vocación liliputiense, como podemos comprobar, v. gr., en la redacción confusa del artículo que consagra el “derecho a la vida”).
En ese capítulo II del Título I de la Constitución se recogen los
derechos “especialmente protegidos”, cuya reforma exige un procedimiento
agravado, entre los que se halla el derecho a la educación, que obliga a
los poderes públicos a asegurar la “enseñanza básica gratuita”; pero ya
vemos que tal “procedimiento agravado” se convierte en papel mojado,
tras la reforma de marras.
El Gobierno acaba de anunciar recortes en Sanidad y Educación por valor de 10.000 millones de euros, en su propósito de controlar el déficit y adecuarlo a las directrices europeas; por supuesto, nos dirán que tales recortes no afectan a la financiación de una “enseñanza básica gratuita”, pero a nadie se le escapa que de un modo u otro contribuirán a que tal enseñanza sea más “básica” si cabe, y también menos “gratuita” (e incluso menos “enseñanza”, aunque esto parezca casi imposible).
Pero la economía manda, nos dirá un pragmático, para acallarnos; y es que, en efecto, en esta hora crucial la economía se ha convertido en monarca absoluto de la acción política, a la que están subordinadas todas las obligaciones, aun las más sagradas. Sin embargo, resulta obsceno que se considere natural recortar las aportaciones públicas a la educación mientras se mantienen abiertas, por ejemplo, tropecientas televisiones públicas cuya única misión consiste en incensar a sus respectivos gerifaltes regionales (perdón autonómicos); y podríamos poner mil ejemplos más que a cualquier persona no excesivamente ofuscada por los prejuicios ideológicos le resultarían infumables. ¿Qué criterio se ha seguido para decretar tales recortes? ¿De veras se considera más importante sostener las tropecientas televisiones públicas regionales (perdón, autonómicas) que mantener el presupuesto destinado a educación?
Entonces habremos de concluir que a este Gobierno (como, por lo demás, a todos los que lo han precedido) le importa mucho más afianzar las estructuras de propaganda que aseguran la hegemonía de la casta política que la formación del pueblo español. ¿No nos habían dicho que el mejor modo de superar la crisis era asegurar una educación esmerada de las nuevas generaciones?
El Gobierno acaba de anunciar recortes en Sanidad y Educación por valor de 10.000 millones de euros, en su propósito de controlar el déficit y adecuarlo a las directrices europeas; por supuesto, nos dirán que tales recortes no afectan a la financiación de una “enseñanza básica gratuita”, pero a nadie se le escapa que de un modo u otro contribuirán a que tal enseñanza sea más “básica” si cabe, y también menos “gratuita” (e incluso menos “enseñanza”, aunque esto parezca casi imposible).
Pero la economía manda, nos dirá un pragmático, para acallarnos; y es que, en efecto, en esta hora crucial la economía se ha convertido en monarca absoluto de la acción política, a la que están subordinadas todas las obligaciones, aun las más sagradas. Sin embargo, resulta obsceno que se considere natural recortar las aportaciones públicas a la educación mientras se mantienen abiertas, por ejemplo, tropecientas televisiones públicas cuya única misión consiste en incensar a sus respectivos gerifaltes regionales (perdón autonómicos); y podríamos poner mil ejemplos más que a cualquier persona no excesivamente ofuscada por los prejuicios ideológicos le resultarían infumables. ¿Qué criterio se ha seguido para decretar tales recortes? ¿De veras se considera más importante sostener las tropecientas televisiones públicas regionales (perdón, autonómicas) que mantener el presupuesto destinado a educación?
Entonces habremos de concluir que a este Gobierno (como, por lo demás, a todos los que lo han precedido) le importa mucho más afianzar las estructuras de propaganda que aseguran la hegemonía de la casta política que la formación del pueblo español. ¿No nos habían dicho que el mejor modo de superar la crisis era asegurar una educación esmerada de las nuevas generaciones?
Aquí podría oponerse que los recortes no afectarán a la calidad de la enseñanza, sino tan sólo a los despilfarros que hasta la fecha han inflado las partidas a ella destinadas; o que extraerán mayor rendimiento de unos profesores que han estado tumbados a la bartola y rascándose la barriga. Aun aceptando tales premisas demenciales, tendremos que preguntarnos si los gobiernos anteriores, y las facciones políticas que representan, no son responsables de tales dispendios.
¿Por qué, entonces, no se les exigen responsabilidades? Puesto que no se les van a exigir, hemos de concluir que tal excusa –que el ministro Wert se ha apresurado a esgrimir, disfrazada de “una mayor racionalización, eliminación de duplicidades y eficiencia en la gestión”– carece de fundamento. Y también que tales recortes resentirán la calidad de la enseñanza, ampliando el horario lectivo de los profesores, o incrementando la ratio profesor/alumnos; y en el caso específico de la escuela concertada, restringiendo sus conciertos. Aunque tal vez no debamos preocuparnos demasiado: nuestros hijos vendrán peor desasnados de la escuela, pero a cambio podrán disfrutar en casa de los tropecientos canales televisivos regionales (perdón autonómicos) sufragados a costa del erario público, que les enseñarán a seguir rebuznando.
Fuente: Padres y Colegios.
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