Los socios del proyecto, procedentes de España, Italia, Portugal, Rumanía, Reino Unido y Suiza, han desarrollado unos indicadores desde un enfoque basado en derechos y que permiten valorar la calidad de los sistemas educativos a través de la participación de todas las partes implicadas, sobre todo de los padres.
Por Magisnet.
Un observatorio europeo analizará la participación de los padres en el
sistema educativo y permitirá evaluar periódicamente las políticas
educativas en esta materia, lo que ayudará a que los gobiernos puedan
gestionar del mejor modo posible estos aspectos.
La puesta en marcha de este observatorio, lo que se prevé a partir del próximo día 16, es una de las recomendaciones del proyecto europeo Indicadores de Participación de los Padres en la Enseñanza obligatoria (IPPE), en el que han participado siete instituciones europeas y dos regiones asociadas y en el que la representación española la ostenta la Universidad de La Rioja.
La catedrática de Derecho y responsable de la Cátedra Unesco Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la Universidad de La Rioja, Ana Vega, coordinadora de este proyecto por parte de España, ha indicado a Efe que este observatorio será un dispositivo de supervisión y evaluación de las políticas públicas en el ámbito de la participación de los padres.
Los objetivos principales de esta herramienta son "informar para concienciar e impulsar intervenciones encaminadas a mejorar la calidad de la Educación a través de la promoción de la participación", ha aseverado.
Ha añadido que el IPPE, que se inició en 2007 y cuyas conclusiones se expondrán en una jornada prevista en Madrid el día 16, tiene como fin paliar la falta de indicaciones de participación de los padres en la enseñanza obligatoria.
También se ha referido a que los padres deben implicarse más y mejor en la Educación de sus hijos, ya que no lo hacen, en ocasiones, por su pasividad y, en otras, por su desacierto en el modo en el que quieren participar.
Vega ha puntualizado que "no se trata de cambiar los papeles y las responsabilidades que corresponden a cada uno de los miembros de la comunidad educativa", porque cada uno tiene el suyo y todos son complementarios.
Cree que un padre pierde su autoridad en el colegio de sus hijos y genera recelo y desconfianza en el profesorado cuando se limita a exigir responsabilidades a los docentes y a querer asumir competencias que no son suyas, pero no colabora con el centro en los objetivos educativos marcados para los alumnos ni cultiva la cultura del esfuerzo en el hogar y se despreocupa del trabajo de sus hijos.
Los centros, ha afirmado, deben favorecer la participación real y efectiva de los padres mediante el ofrecimiento de una información clara y transparente, además de escuchar y tomar decisiones contando con la opinión de los padres.
Las asociaciones de padres de alumnos y los consejos escolares de centro deben ser verdaderos órganos de representación y de cogestión de todos los intereses de la comunidad educativa, ha precisado, por lo que "no pueden ser un mero expediente protocolario".
La investigación, según sus datos, ha confirmado la necesidad de revitalizar en las sociedades de países con larga tradición democrática la comprensión de los enfoques basados en derechos humanos de las políticas públicas, sobre todo en las educativas.
Para ello, se aprecia un discurso retórico muy prolijo, pero desconectado de la realidad, ya que ni los poderes públicos ni los ciudadanos asumen totalmente las consecuencias que se derivan de la asunción de los derechos humanos en las políticas.
Ha abogado para que padres, profesores y directivos de centros se tomen en serio la participación porque de ella depende la calidad de la Educación.
Vega ha resaltado que en la jornada del próximo día 16 se debatirán los resultados de este proyecto y su utilidad con la participación de expertos en la materia, como el secretario del Comité Director de Educación del Consejo de Europa, Villano Qiriazi, y el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la Educación, Kishore Singh.
La puesta en marcha de este observatorio, lo que se prevé a partir del próximo día 16, es una de las recomendaciones del proyecto europeo Indicadores de Participación de los Padres en la Enseñanza obligatoria (IPPE), en el que han participado siete instituciones europeas y dos regiones asociadas y en el que la representación española la ostenta la Universidad de La Rioja.
La catedrática de Derecho y responsable de la Cátedra Unesco Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la Universidad de La Rioja, Ana Vega, coordinadora de este proyecto por parte de España, ha indicado a Efe que este observatorio será un dispositivo de supervisión y evaluación de las políticas públicas en el ámbito de la participación de los padres.
Los objetivos principales de esta herramienta son "informar para concienciar e impulsar intervenciones encaminadas a mejorar la calidad de la Educación a través de la promoción de la participación", ha aseverado.
"El
observatorio busca facilitar a la administración y a las asociaciones
de padres el seguimiento de las políticas de participación educativa",
explica Vega.
Ha añadido que el IPPE, que se inició en 2007 y cuyas conclusiones se expondrán en una jornada prevista en Madrid el día 16, tiene como fin paliar la falta de indicaciones de participación de los padres en la enseñanza obligatoria.
Los socios del proyecto,
procedentes de España, Italia, Portugal, Rumanía, Reino Unido y Suiza,
han desarrollado unos indicadores desde un enfoque basado en derechos y
que permiten valorar la calidad de los sistemas educativos a través de
la participación de todas las partes implicadas, sobre todo de los
padres, ha dicho.
También se ha referido a que los padres deben implicarse más y mejor en la Educación de sus hijos, ya que no lo hacen, en ocasiones, por su pasividad y, en otras, por su desacierto en el modo en el que quieren participar.
Vega ha puntualizado que "no se trata de cambiar los papeles y las responsabilidades que corresponden a cada uno de los miembros de la comunidad educativa", porque cada uno tiene el suyo y todos son complementarios.
Cree que un padre pierde su autoridad en el colegio de sus hijos y genera recelo y desconfianza en el profesorado cuando se limita a exigir responsabilidades a los docentes y a querer asumir competencias que no son suyas, pero no colabora con el centro en los objetivos educativos marcados para los alumnos ni cultiva la cultura del esfuerzo en el hogar y se despreocupa del trabajo de sus hijos.
Los centros, ha afirmado, deben favorecer la participación real y efectiva de los padres mediante el ofrecimiento de una información clara y transparente, además de escuchar y tomar decisiones contando con la opinión de los padres.
Las asociaciones de padres de alumnos y los consejos escolares de centro deben ser verdaderos órganos de representación y de cogestión de todos los intereses de la comunidad educativa, ha precisado, por lo que "no pueden ser un mero expediente protocolario".
La investigación, según sus datos, ha confirmado la necesidad de revitalizar en las sociedades de países con larga tradición democrática la comprensión de los enfoques basados en derechos humanos de las políticas públicas, sobre todo en las educativas.
Para ello, se aprecia un discurso retórico muy prolijo, pero desconectado de la realidad, ya que ni los poderes públicos ni los ciudadanos asumen totalmente las consecuencias que se derivan de la asunción de los derechos humanos en las políticas.
Ha abogado para que padres, profesores y directivos de centros se tomen en serio la participación porque de ella depende la calidad de la Educación.
Vega ha resaltado que en la jornada del próximo día 16 se debatirán los resultados de este proyecto y su utilidad con la participación de expertos en la materia, como el secretario del Comité Director de Educación del Consejo de Europa, Villano Qiriazi, y el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la Educación, Kishore Singh.
Fuente: Magisnet.
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