Por Mariano Bailly-Baillière.
Cuatro años durante los cuales los padres objetores hemos vivido una
peculiar escuela de ciudadanía que nos ha hecho aprender a base de
encontronazos con la realidad. Una realidad cuyo verdadero rostro no
podíamos imaginar siquiera cuando nos pusimos en pie frente a la
imposición de la Educación para la Ciudadanía.
Lo hicimos poco a poco, un puñado de padres que luego llegaría a varios
millares, parpadeantes al ir tomando conciencia de la que se estaba
fraguando. Y es que, lo más inquietante del caso era tomar conciencia de
que quienes habían negociado el sistema para adoctrinar a nuestros
hijos desde el Estado lo habían hecho a nuestras espaldas.
Así, sin sospechar la intromisión sin precedentes del Estado en las
libertades ideológicas de los padres y sus hijos, comenzó el curso
académico 2007/2008 en el que se introdujo la Educación para la
Ciudadanía en las primeras comunidades autónomas. El comienzo del curso
escolar escenificó la tensión entre quienes pretendían una imposición
ignorante y sumisa de la Educación para la Ciudadanía y algunas
asociaciones que dieron la voz de alarma a los padres advirtiéndoles del
cariz invasivo que suponía el proyecto.
A pesar de la falta de información veraz, gracias al tremendo esfuerzo
de algunas organizaciones familiares y educativas que explicaban el
calado intrusivo de la Educación para la Ciudadanía y recomendaban la
objeción de conciencia, se fue organizando espontáneamente una red de
padres objetores que se esforzaban por difundir el mensaje a quienes la
información no les llegaba o les resultaba difícil dar crédito a lo que
leían.
Sin más medios que sus ordenadores domésticos y robándole horas al descanso, miles de padres fueron constituyendo un mosaico de plataformas regionales variopintas plantando cara a los gobiernos autonómicos y al gobierno central. Tras las objeciones, que llegaron a sobrepasar las 50.000, llegaron los recursos y apelaciones judiciales que se cuentan por miles en toda la geografía española. Estando en una situación políticamente insostenible, llegaron en ayuda del Gobierno las polémicas sentencias del Tribunal Supremo que denegaron el derecho a la objeción de conciencia en el ámbito educativo.
Tras las sentencias del Supremo, la gran mayoría de organizaciones que
alentaban a los padres a objetar cambiaron de discurso y procuraron que
los padres depusiéramos nuestra actitud y los alumnos objetores entraran
en clase, pues, según procuraban explicar, la objeción de conciencia ya
no gozaba de cobertura legal.
Algunos padres desistieron de la lucha plegándose a las consignas de
quienes hasta ese momento les habían animado a ejercer la objeción de
conciencia. Otros, convencidos de que en el ejercicio de las libertades
nadie puede tomar las decisiones por uno mismo, redoblamos la oposición.
Para empezar, porque una objeción de conciencia no varía mientras no
cambie la causa que la produce y estaba claro que el Supremo no
modificaba ni una tilde de las asignaturas. Y, en segundo lugar, porque
la defensa de las libertades era causa suficiente como para llegar, por
la vía jurídica, hasta las últimas instancias.
La oposición a las asignaturas adoctrinadoras continúa porque, sea del
color que sea, el gobierno no tiene derecho a pretender modelar la
conciencia de nuestros hijos. Y es que, más allá de ser un derecho, los
padres tenemos el deber inexcusable de educar a nuestros hijos para
procurar que sean personas felices y ciudadanos comprometidos.
Mariano Bailly-Baillière Torres-Pardo es portavoz de la plataforma de padres Objetores.org.
Fuente: Libertad Digital.
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