Por Leonor Tamayo.
En poco más de un año, la versión española de Educación para la
Ciudadanía (EpC) ha sido denunciada en diez foros internacionales
diferentes que van desde el Parlamento Europeo, pasando por la ONU en
Ginebra, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo y
llegando hasta el Consejo de Europa. Y es que, si bien el origen último
de estas asignaturas adoctrinadoras es una recomendación del Consejo de
Europa, la 12/2002, la interpretación de dicha recomendación por parte
del Gobierno de Zapatero no deja de ser cuando menos peculiar, por no
decir intrínsecamente tendenciosa y manipuladora. No existe ni un solo
escrito a nivel internacional que conceda una palabra de apoyo o que
pueda interpretarse como amparo al intento de adoctrinamiento en la
escuela, a la imposición de una moral de Estado obligatoria o a la
formación de los niños en una moral contraria a la querida por sus
padres. Y eso es, ni más ni menos, la EpC española, porque lo que aquí
hay no es más que la imposición desde el poder de una antropología y
una ética particular.
La Carta Social Europea, documento del
Consejo de Europa -ese mismo que estableció la Recomendación 12/2002-,
menciona explícitamente en su capítulo 17 los derechos de los padres,
sumándose así a la larga lista de tratados y convenios internacionales
en materia de educación vulnerados descaradamente por España con las
asignaturas de Educación para la Ciudadanía. Esa lista la encabeza la
Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 26.3
declara que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos; seguida de la Declaración 36/55 de la Naciones Unidas de 25 de noviembre de 1981 (art. 5): No se obligará a nadie a instruirse en una religión o convicciones contra los deseos de sus padres; el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 2 del Protocolo I): ... respetará
el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza
conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas; la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 14): Se
respeta el derecho de los padres a garantizar la educación y la
enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas,
filosóficas y pedagógicas, y un largo etcétera.
Así las
cosas, la situación de ataque sistemático a la libertad de educación y
los derechos de los padres en España resulta insostenible y Europa ya
no permanece indiferente. Por eso, el Comité de Derechos Sociales del
Consejo de Europa comunicó el pasado mes de septiembre a Profesionales
por la Ética que trasladaría al Gobierno español el informe contrario a
estas asignaturas realizado por esta asociación y por el Centro Europeo
para la Ley y la Justicia. Y también por eso en la cumbre de la OSCE
celebrada en Roma el pasado 12 de septiembre, tanto el Arzobispo
Ortodoxo Hilarion de Volokolamsk en la sesión inaugural, como Massimo
Introvigne, representante de la Organización Europea de Seguridad y
Cooperación (OSCE) hablaron de la EpC española como una asignatura
adoctrinadora que pretende imponer a los niños la ideología del
gobierno de espaldas al criterio, la voluntad y las convicciones de sus
padres.
Corresponde, por tanto, al Gobierno que tengamos a partir
del 20 de noviembre, ajustar la legislación española en materia
educativa a la normativa europea e internacional, sin tergiversarla ni
adaptarla a sus intereses partidistas.
Y, mientras tanto, nos
corresponde a nosotros, padres y ciudadanos libres y responsables,
seguir apoyando a los padres y alumnos objetores, denunciando este
adoctrinamiento dentro y fuera de España y exigiendo a los dirigentes
políticos del color que sea, la eliminación de estas asignaturas de
raíz, sin medias tintas ni maquillajes.
Leonor Tamayo es Responsable de Relaciones Internacionales de Profesionales por la Ética
Fuente: Libertad Digital.
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