Mientras para la oposición es una norma "vacía" e "inútil", el PP recuerda que Gabilondo incluyó en su propuesta de pacto educativo la adopción de medidas similares.
REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- Las Cortes Valencianas han aprobado hoy en sesión plenaria la Ley de Autoridad del Profesorado, con los votos favorables del Grupo Popular. El PSPV se ha abstenido y tanto Compromís como los No Adscritos han votado en contra.
La finalidad de la nueva norma es potenciar la función docente y reafirmar la figura del profesorado como pilar fundamental del sistema educativo, reconociendo su condición de autoridad pública. Ello implica la protección establecida por el ordenamiento jurídico para quienes tienen tal consideración y que los hechos constatados por los profesores gozarán de la presunción de veracidad.
Los portavoces de los grupos de la oposición han asegurado que esta ley es “papel mojado”, “vacía” e “inútil” y que “no sirve para nada” porque, a su juicio, no soluciona los “problemas” reales de los docentes. Los populares, que no han aceptado ninguna enmienda, han defendido que responde a una “demanda social” y favorece al profesorado de la Comunidad.
La oposición descalifica la nueva ley
La portavoz socialista Ana Noguera ha recriminado al Consell falta de consenso en “una de las leyes probablemente más importantes que podríamos hacer en educación” y cuando “todos los grupos coincidimos en la necesidad social y política de dar reconocimiento y dignidad al profesorado”. Para ella, la norma aprobada no da “respuesta a los problemas que tienen” los docentes valencianos y que, a su juicio son el “estrés” y los que se derivan de “una nueva conflictividad social” o de impartir clases con ratios “superadas”.
En nombre de Compromís, Josep Maria Pañella ha sostenido que es una ley “inútil”, “innecesaria” y “mal planteada”. La autoridad pública del personal funcionario –ha agregado– “está garantizada y reconocida”. Respecto del profesorado de la privada, ha negado con rotundidad que, en aplicación del Código Penal, pueda tener “la consideración de autoridad”.
“La autoridad no nos la dan así, es un concepto medieval” y lo que pretenden es “investir de autoridad a todo el profesorado por la gracia de Camps”, ha añadido refiriéndose a los populares.
La portavoz del grupo de No Adscritos, Marga Sanz, ha definido la ley como un “galimatías”, que “no aporta reconocimiento de autoridad al profesorado ni mejora la convivencia”. “Es inútil –ha expuesto– porque se empeña en reconocer algo que el profesorado ya tiene reconocido desde la propia Constitución”.
Para el PP, es una ley necesaria
En representación del PP, Rosa María Barrieras, tras defender que la ley aprobada hoy responde a una “demanda social” y “da rango de ley a la autoridad del profesorado”, ha considerado ”extraño” que los grupos de la oposición no la hayan respaldado, pues no pueden “negar que favorece al profesorado de la Comunidad”.
La portavoz popular ha citado un informe del Defensor del Pueblo que refleja que en el 45% de los institutos de España se insulta al profesorado y ha destacado que todos los informes nacionales e internaciones señalan que los docentes dedican un tercio del tiempo de sus clases a “pedir callar” y el resto se desarrolla con interrupciones continuas. También ha llamado la atención sobre un estudio de FETE-UGT que desvela que el 50,2% de los profesores “confiesa su miedo a tener agresiones físicas”.
Así mismo, ha recordado que el ministro Ángel Gabilondo incluyó en su fracasada propuesta de Pacto por la Educación la adopción de medidas en orden al reconocimiento de la autoridad del profesorado.
Por último, Barrieras ha asegurado no entender cómo la oposición “no puede estar a favor” de una ley “con el apoyo social que tiene a nivel de toda España” y cuando todos los grupos “estamos de acuerdo con su finalidad”. También ha apuntado que, aunque Ana Noguera había asegurado lo contrario en su intervención, el Consejo Escolar de la región acordó “dictaminar favorablemente el borrador”.
Fuente: HO C. Valenciana.
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