miércoles, 29 de diciembre de 2010

El Estado declara la guerra a los padres

Por Elentir.

El País ha informado de una nueva persecución estatal contra una familia objetora a la “Educación para la Ciudadanía”. Sin ningún pudor y sin ninguna prueba, la Abogacía del Estado acusa a los padres de haber “desconsiderado la libertad ideológica” de su hija, al tiempo que pide imponerle a la niña una asignatura que la propia Abogacía reconoce como “relativista”. ¡Menuda jeta! Y es que lejos de rebatir los argumentos de los padres, que afirman que la EpC impone el “relativismo moral”, la Abogacía llega a decir que “la democracia no tiene que pedir perdón por ser un régimen esencialmente relativista”. Nada de eso. La democracia radica en verdades objetivas y universales, los derechos humanos, verdades que niega el relativismo. Es más: imponer la ideología relativista del gobierno en las escuelas a modo pensamiento único y obligatorio no es nada democrático.
 
Imponen su ideología a los niños y acusan a sus padres de hacer “proselitismo”
 
En el colmo del cinismo, la Abogacía del Estado niega el derecho de los padres a decidir la formación moral de sus hijos, un derecho reconocido por la Constitución pero que la Abogacía contradice, buscando enfrentar a los hijos contra sus padres con absoluto descaro al afirmar: “La libertad de creencias asiste a los menores de edad en su derecho a no compartir las convicciones de los padres o a no sufrir sus actos de proselitismo”. Esto es una descarada declaración de guerra a los derechos constitucionales de las familias. Por si no fuese bastante complejo educar a un niño, ahora el Estado presenta a los padres como los malos de la película por no consentir que el gobierno use a sus hijos como cobayas en un aberrante experimento de ingeniería social.
 
Puedes discrepar de tus padres, pero no del gobierno
 
Con todo, el escrito de la Abogacía del Estado lanza también un mensaje claro a los niños y jóvenes: que los menores tienen derecho a discrepar de sus padres, pero no tienen derecho a discrepar del gobierno, que es el que impone sus tesis ideológicas en las escuelas de forma obligatoria y valiéndose de los medios de coacción del Estado. Desde luego, es intolerable que la Abogacía del Estado lance un alegato tan radicalmente antidemocrático contra las familias, un alegato en el que ya sólo le falta decir que los niños son propiedad del Estado y que sus padres no tienen ningún derecho sobre ellos, que es la tesis compartida desde hace muchos años por todas las franquicias del socialismo, desde la comunista a la fascista, pasando por la progre. Ante esta cafrada totalitaria la objeción de conciencia a la EpC se presenta como un acto de rebeldía democrática más necesario que nunca.

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