El Estado manifiesta explícitamente su totalitarismo educativo

En el primer recurso contra Educación para la Ciudadanía que llega al Constitucional.

 

29 de diciembre de 2010. Las alegaciones del Abogado del Estado personado en la causa dan por supuesta la primacía del Estado sobre los padres en materia educativa y el carácter relativista del sistema democrático que ampara así cualquier decisión legislativa. A partir de estos supuestos niega el derecho a la objeción de conciencia, declara explícitamente el carácter moralizador de la asignatura y llega a insinuar que son los padres demandantes y no el Estado quienes pueden estar adoctrinando a su hija en contra de la voluntad de esta.

 

Objetores.org, plataforma nacional de padres objetores a Educación para la Ciudadanía, considera una burla y una provocación el tratamiento que el letrado hace de la objeción de conciencia y los derechos y deberes familiares en el ámbito educativo.

1. Convierte en papel mojado el derecho a la objeción de conciencia pues afirma que este derecho que pretenden ejercer los padres demandantes, si bien está reconocido genéricamente por la Constitución, “no está reconocido expresamente ni en la Constitución ni en la ley, sin lo que no existe como genuina objeción de conciencia”. Es tan ridículo pretender que la Constitución prevea todas las posibles objeciones generadas por la legislación como exigir, para su ejercicio, el correspondiente reconocimiento expreso en la ley que genera el conflicto de conciencia.

2. Declara explícitamente el carácter moralizador de la asignatura, que no se limita a la transmisión de conocimientos: “La educación no es solo transmisión de conocimientos sino formación de las emociones y los sentimientos”. El problema estriba en que sea el Estado y no el ámbito familiar quien procure una formación emocional, práctica recurrente de los regímenes totalitarios.

3. Antepone la tutela del Estado a la de la propia familia como garante de los derechos de los menores. Llega a insinuar que quizá sean los padres quienes vulneran el derecho de su hija “a no compartir las convicciones de sus padres o a no sufrir sus actos de proselitismo”. Más aún: “el estatuto del menor es, sin duda, una norma de orden público, de inexcusable observancia para todos los poderes públicos”. Esta concepción de la educación familiar como “proselitismo” amenazante y del Estado como garante de las libertades de los hijos frente a sus padres pone claramente de manifiesto el carácter totalitario de quienes consideran a los menores dependientes, primordialmente, del Estado, y sólo de modo subsidiario de su familia.

La plataforma Objetores.org alerta a todos los padres, ante estas explícitas declaraciones de quien representa en esta causa al Estado, de la deriva totalitaria que están tomando las políticas educativas del Gobierno que suponen un recorte evidente de los derechos y deberes de las familias en la tarea de educar a sus hijos.

Fuente: Objetores.org.