Los padres de la Gonzalo Anaya y CC OO critican el "control ideológico sobre los alumnos" y "la interferencia a la autonomía de los centros".
MAITE DUCAJÚ | VALENCIA
La participación de los alumnos en los talleres o en las prácticas de los programas de intervención (sexual, educación vial, certámenes literarios, valores), que organicen sus respectivos colegios, deberá ser aprobada y autorizada, sin pasar previamente por el consejo escolar del centro, por responsables de la Conselleria de Educación. Este departamento, que ejercerá un mayor control, impondrá también más burocracia sobre estas actividades, una vez se publique la nueva orden que regula su procedimiento.
Lo mismo pasará para la cumplimentación de "todo tipo de cuestionarios estadísticos con el fin de desarrollar proyectos de investigación" indica este proyecto de norma que ayer obtuvo el dictamen favorable de la comisión permanente del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.
Educación propone este texto en un momento polémico en las aulas con su Programa de Intervención en Educación Sexual paralizado y otro del Arzobispado en expansión. En el articulado de su proyecto de orden, la Conselleria recuerda que la Constitución encomienda a los poderes públicos la misión de "garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones" y subraya que la Ley de Protección del Menor establece velar porque "la información que reciban sea veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales". A la vez, remiten a la Ley Valenciana de Protección Integral de la Infancia que indica que se "adoptarán las medidas parta garantizar que reciban una educación integral en materia afectiva y sexual que sea rigurosa, comprensible, accesible y de calidad".
En la práctica, con la orden se "incrementa la burocracia, lo que obstaculiza el desarrollo de estos programas" y los consejos escolares de centro pierden autonomía, como señaló ayer el portavoz de la Federación de Enseñanza de CC OO, Miguel Ángel Puig. De hecho, el director del proyecto lo dirigirá a la dirección territorial de Educación; de ahí se enviará a la secretaría autonómica para que lo informe y. una vez evaluado, se pasará al consejo escolar del centro.
La Confederación de Padres de Alumnos Gonzalo Anaya acusó ayer a la conselleria de "pretender controlar ideológicamente las actividades educativas" con esta orden que, en su opinión, "discrimina a la escuela pública, impone la tutela ideológica a los estudiantes de la red pública valenciana e interfiere en la autonomía de los centros educativos para programar sus actividades", indicó su presidenta, María José Navarro.
Para la Gonzalo Anaya, "si finalmente se aprueba se legislará en contra de normas superiores". Según consideran, se impone una "tutela partidista y una censura ideológica a las actividades educativas de la enseñanza pública cuando regula la obligatoriedad de pedir autorización a la dirección territorial de la Conselleria de Educación para que los alumnos o los centros puedan participar en los programas de intervención, de los que se pide el número de sesiones, las actividades e, incluso, los materiales. De esta manera, un funcionario sin identificar decidirá qué se puede enseñar y qué no".
En CC OO defendieron los programas de educación sexual en el aula y advirtieron de que "dejar únicamente en los padres la capacidad de decisión sobre ellos choca frontalmente con la legalidad".
Las familias deberán autorizar por escrito
El proyecto de orden, que ayer obtuvo el visto bueno del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, pretende "facilitar el control paterno y que no se organicen actividades en los centros que no hayan sido autorizadas", aseguraron desde la Conselleria de Educación.
De hecho, los padres deberán autorizar por escrito la participación de los niños tanto en estos programas como las encuestas que se realizan como las de obesidad infantil o la de intervención sexual, recordaron en Educación a Levante-EMV.
La comisión permanente del Consell Escolar dio 18 votos a favor y 6 en contra a la orden que afectaba a todos los centros sostenidos con fondos públicos y que, por petición de la patronal, de momento quedan fuera los concertados.
Fuente: Levante.
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