Padres presos por su conciencia

Por Jaime Urcelay.

  

Hace tan sólo unos días, la opinión pública conocía asombrada que en un país democrático como Alemania se había encarcelado a una madre de familia numerosa por negarse a llevar a sus hijos a la clase de educación sexual estatal.

  

Los hechos han ocurrido en Salzkotten (Renania del Norte-Westfalia) y, según hemos sabido después, no se trata de un episodio aislado. De acuerdo con los datos de Alliance Defense Fund (ADF) –que defiende a las familias afectadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo– son ya 35 los padres condenados en Alemania por el mismo motivo. Es más, apenas hace unos días se conocían dos nuevos casos de encarcelamiento de padres en la misma localidad alemana por negarse a que sus hijos participen el programa escolar de educación sexual Mi cuerpo es mío.

  

Estos casos demuestran que hay estados en Europa dispuestos a llevar muy lejos –nada menos que el castigo de prisión– una pretensión que conocemos bien en la España de Zapatero y su proyecto de reingeniería social: que el poder político se arrogue unilateralmente la potestad de educar la conciencia moral de los futuros ciudadanos. A costa, por supuesto, de negar la responsabilidad de los padres en la elección de la educación que consideran más apropiada para sus hijos. La controversia de las asignaturas adoctrinadoras de Educación para la Ciudadanía o el capítulo educativo de la nueva Ley del Aborto son buenos ejemplos.

  

Es patente que en Alemania, como aquí, nos encontramos ante una grave anomalía en el respeto de derechos fundamentales básicos. El "derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos" quedó expresamente reconocido, tras la trágica experiencia de los estados totalitarios, en el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. El Convenio Europeo de Derechos Humanos no es menos explícito en el artículo 2 del Protocolo Adicional, en lo que constituye una derivación necesaria de la libertad de conciencia que el Estado debe garantizar también en la enseñanza (art. 9.1 del Convenio). Y es que, como recientemente escribía el profesor Navarro-Valls, "el derecho a elegir el tipo de educación que queremos dar (o no dar) a nuestros hijos forma parte de nuestro propio derecho a elegir una concepción del bien y a ponerla en práctica, sin interferencia de los poderes públicos".

  

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirma que cabe esperar, con fundamento, que la justicia prevalecerá cuando dicte sentencia, tanto en el caso de los padres alemanes como en el de los 375 demandantes españoles que han acusado al Estado español de conculcar el Convenio Europeo al imponer las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y negar el derecho a la objeción de conciencia de los padres. Las sentencias de los casos Folgero y Zengin (2007) dejaron claro que la libertad de los padres para educar moralmente a sus hijos está por encima del poder coercitivo del Estado y que, por tanto, filigranas jurídicas como las del dividido Tribunal Supremo español en los recursos de Educación para la Ciudadanía o el encarcelamiento de los padres alemanes no son compatibles con el sistema europeo de libertades.

  

Pero mientras esto ocurre –que va a ocurrir–, es fundamental que casos como el de Alemania o los recientes atropellos con Educación para la Ciudadanía en Badajoz, Cabezas de San Juan (Sevilla) o Villalba (Madrid) no queden sin una respuesta ciudadana responsable y comprometida. La libertad se defiende ejerciéndola y es mucho lo que nos jugamos, como personas individuales, como familias y como comunidad política para el bien común.

  

Así lo han entendido el medio centenar de entidades y los varios miles de personas que ya se han adherido a la declaración que Profesionales por la Ética está promoviendo a favor de los padres alemanes condenados. Una acción con la que se pretende algo tan sencillo –y tan indispensable en este momento– como concienciar a la opinión pública y apoyar a los padres, exigiendo a las autoridades políticas que no vulneren los derechos humanos en la escuela.
  

Jaime Urcelay es presidente de Profesionales por la Ética.

 
Fuente: Libertad Digital.