jueves, 31 de marzo de 2011

Así blinda el Gobierno su laboratorio ideológico escolar

Las asociaciones educativas denuncian las maniobras del Ejecutivo para perpetuar su modelo.
  
Desde el inicio de su primera legislatura, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha mostrado un especial interés por diseñar un modelo educativo a la medida de su ideología. Ahora, al encarar el final de la segunda y un posible relevo en el Gobierno, el Ejecutivo desarrolla medidas, desde diferentes Ministerios, para perpetuar un sistema escolar reconvertido en laboratorio ideológico, al servicio de la izquierda.
  
En septiembre de 2005, cuando llevaba poco más de un año como Presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero anunciaba que la Educación sería la estrella de su política social. La afirmación ratificaba su intención, anunciada en 2004, de eliminar lo que definió como «política carca y retrógrada en materia de educación». Y, en este caso, no mentía: a lo largo de sus dos legislaturas, el Gobierno ha legislado conforme a esa prioridad ideológica de controlar el sistema educativo, como herramienta para instaurar «un proyecto de alcance en valores culturales, y por tanto ideológicos, que pueden definir la identidad social, histórica, de la España moderna por mucho tiempo», como dijo el Presidente, en 2007. Su fijación por diseñar un sistema educativo que les ayude a cambiar la sociedad, se ha traducido en medidas concretas: derogación de la LOCE -que nunca entró en vigor-; aprobación de la LOE; Educación para la ciudadanía; Educación sexual obligatoria; cerco a la clase de Religión y a los conciertos...; con efectos también concretos: 32% de fracaso escolar; retroceso en el informe PISA; manifestaciones multitudinarias de protesta; 52.000 objeciones a EpC; denuncias ante el Tribunal de Estrasburgo...
  
Legislar con todos los Ministerios
  
Ahora, ante la posibilidad de un cambio de Gobierno -las últimas encuestas dan al PP una amplia ventaja sobre el PSOE-, y con la sombra de un relevo en la cúpula de los socialistas, el Ejecutivo trabaja para blindar un modelo que convierte a nuestros colegios en laboratorios de ingeniería social, al servicio de la ideología de género. Y lo hace sirviéndose de leyes que interfieren en la educación, pero que no han sido elaboradas por el Ministerio de Educación, como en el asunto de la Educación sexual o la vertiente escolar de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, impulsadas por el Ministerio de Sanidad y la Secretaría de Estado de Igualdad. Algo similar ocurre con la Ley de Economía Sostenible, que, según el ministro don Ángel Gabilondo, reducirá el fracaso escolar un 3% -porque, también según el ministro, el fracaso se debe a la burbuja inmobiliaria-, tendrá efectos en la Formación Profesional y reconocerá una cualificación educativa a quienes no terminen sus estudios. Es decir, maquillará los datos del fracaso escolar, pero sin atajar las causas que llevan a más de 3 de cada 10 menores a no querer estudiar. Asimismo, el anteproyecto de Ley de Igualdad pone contra las cuerdas el futuro de los centros de educación diferenciada y concertada, que son los que tienen menores tasas de fracaso escolar. El anteproyecto, además, supone «una pretensión ideológica que vulnera la normativa existente y no se ajusta a las directivas comunitarias», según han denunciado, en un comunicado conjunto, las patronales de centros CECE, FERE-CECA y UECOE; las asociaciones de padres COFAPA y CONCAPA, y los sindicatos FSIE y FE-USO.
  
Sexo contra los idearios
  
El modelo educativo del Gobierno defiende una escuela laica y pública, y así lo han llevado los socialistas en todos sus programas electorales. De ahí que, como denunció este semanario en enero de 2010, el Gabinete de Zapatero tenga una Hoja de ruta para reformar el régimen de conciertos, que incluye su asfixia económica y el control del ideario del centro, a través de la incorporación de concejales en los Consejos Escolares. La presión económica ya ha tenido efectos: en los Presupuestos Generales de 2011, se ha recortado la asignación a estos centros hasta un 10%, aunque los titulares de colegios concertados no podrán revertir en las nóminas los recortes que el Gobierno impone a sus trabajadores, y serán las familias las que tengan que pagar la diferencia. Además, si un colegio católico esgrime su ideario para oponerse a impartir, por ejemplo, talleres de Educación sexual que incitan a la homosexualidad y a la masturbación -como algunos que ya se han desarrollado en diferentes institutos públicos-, podría perder el concierto. En suma, todo un despliegue, reforzado ante una posible salida del Gobierno, para que las nuevas generaciones sigan formándose en los postulados de la ideología de género, y sepan reconocer, el día de mañana, los partidos que la defienden...
  
José Antonio Méndez.
  
Fuente: Alfa y Omega.

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