Editorial de ABC (18-05-11).
Cumplir las sentencias de los jueces es una regla elemental en un Estado de Derecho y, en general, en una sociedad civilizada. Sin embargo, parece que esta norma universal no rige para la consejera de Educación de la Generalitat catalana, que tiene a gala el incumplimiento de las resoluciones judiciales sobre enseñanza del castellano. Es lógico que algunas asociaciones cívicas estén dispuestas a exigir por los cauces oportunos la responsabilidad jurídica de la consejera. A pesar de su rechazo al castellano como lengua también «propia» de Cataluña, no tendrá más remedio que poner en práctica el mandato de los jueces.
Fuente: ABC.
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