Por Teresa García-Noblejas.
En la recta final de la nueva norma articulistas, instituciones y padres lamentan que, entre otras medidas, la ley conlleve el fin de las ayudas públicas a los colegios de educación diferenciada, considerados «discriminatorios». La educación diferenciada es una opción como cualquier otra y los padres la eligen voluntariamente, atendiendo sobre todo a que el desarrollo emocional y el rendimiento académico de chicos y chicas es diferente en determinadas edades y necesita, por tanto, un tratamiento desigual que no implica ninguna discriminación. Es una variedad educativa que existe en numerosos países desarrollados y no tiene ningún problema.
A lo que voy es que cuando emprendimos la campaña contra Educación para la Ciudadanía (EpC) no nos preocupaban tanto los contenidos ni los libros de texto ni los profesores sino el planteamiento general: los reales decretos declaraban que se trataba de formar la conciencia de los alumnos. Dicho de otra manera: la educación de los niños y jóvenes es monopolio del Estado y este decide no solamente los contenidos que deben aprender los chavales sino también qué valores deben aplicar en su vida y a qué moral se tienen que adherir sin discusión.
La batalla contra EpC fue criticada por algunas personas e instituciones que hoy se lamentan de que la educación diferenciada esté en peligro; hubo quien pactó (y no me refiero a la FERE) adaptar EpC a cambio de que se les respetara la educación diferenciada.
Pues eso: EpC y persecución a los colegios que no entran por el aro estatal son hitos en un mismo proceso contra la libertad de educación.
Algunos se han enterado tarde, ya se sabe: vinieron a por mí…y no quedaba nadie para defenderme.
Fuente: Profesionales por la Ética.
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