Una discriminación que costará a los padres 300 millones

La ley de igualdad obligará a privatizar la educación de 50.000 alumnos al cortar la ayuda a los centros que educan por sexos.

Pablo y Carmen, rodeados de sus cinco hijos: Rocío, Marcos, Andrés, Jesús y Pablo - Foto: Javier Fdez-Largo

  

28 Mayo 11 - - J. V. Echagüe/R, Ruiz

 

Madrid- Pablo y Carmen dicen que no les van a dejar a sus hijos en herencia ni una casa ni un coche ni un yate. Lo que les pueden dejar es una educación. La que ellos han elegido. Sin embargo, muchos padres pueden verse obligados a renunciar a la educación diferenciada, impartida por aquellos colegios que separan a sus alumnos por sexos. ¿El motivo? El proyecto de Ley de Igualdad de Trato y la No Discriminación, aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros. Su artículo 16.2 estipula que «los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en esta Ley», entre las que se incluyen origen racial, religión, opinión, edad, discapacidad o sexo, no podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública.

 

Así, el Gobierno elimina los conciertos para estos colegios. El perjuicio económico es grave. Cerca de 50.000 alumnos cursan estudios en los 67 colegios de educación diferenciada repartidos por nuestro país. Hay que tener en cuenta que, según la Asociación Europea de Educación Diferenciada (EASSE), el 95 por ciento de estos colegios tienen un exceso de demanda en nuestro país. Y además, el 30 por ciento de las solicitudes de padres no pueden ser atendidas. Pero lo que antes suponía una opción educativa económica, va a ser difícil de afrontar para muchos padres. El fin de las subvenciones significará que las familias tengan que abonar una cuota de entre 500 y 600 euros al mes por alumno, una cantidad que vendría a cubrir el sueldo de los profesores. En total, estos padres deberán desembolsar alrededor de 300 millones de euros al año.

 

«Era una amenaza, pero ya es una realidad», se lamenta Pablo Lorenzo, de 39 años, y director técnico en una empresa de artes gráficas. Junto con Carmen, de 37 años –asistente personal por las mañanas, madre de familia numerosa el resto del día–, crían a cinco niños. Él estudió en un centro de educación diferenciado, ella en un colegio mixto. Ambos «investigaron» cuál de las opciones era la mejor para sus hijos. Y optaron por la diferenciada. «El fracaso escolar es más bajo y los alumnos están más centrados en los estudios. Es lo que quería para mis hijos», argumenta Pablo. Y, «en contra de lo que dice la ministra» Leire Pajín, «yo no he salido machista por estudiar allí». Es más: el fracaso escolar en estos centros afecta al 5 por ciento del alumnado; la media en general es del 30 por ciento.

 

«No hay otra opción»

  

Así, la pareja matriculó a sus hijos en el Colegio Tajamar, en el madrileño barrio de Vallecas. «No teníamos para llevarlos a un centro privado», dice Pablo. Ahora, sin la subvención, «toca renunciar a muchas cosas; nos van a obligar a elegir cuál de nuestros hijos vamos a tener que matricular en otro centro». Quizá tengan que trabajar más horas, pedir algún tipo de crédito, o concretar con el colegio alguna fórmula para afrontar los gastos. Pero en ningún caso «nos planteamos la posibilidad» de elegir otra opción educativa para los pequeños.

 

Porque Pablo, al igual que los miles de padres que se encuentran en idéntica situación, cree que estamos ante una ley «política». «Entiendo que una ley se implante para cubrir una demanda social. Pero el Gobierno nos está diciendo cómo educar a nuestros hijos. No podemos permitirlo», defiende.

 

La ironía está servida: una ley nacida en principio para evitar la discriminación va a ser denunciada por muchos hogares precisamente por discriminar. «Varios padres nos hemos puesto de acuerdo. Si me quitan mi libertad de elección, emprenderemos acciones legales, denuncias o iniciativas de cualquier tipo. No sé si además se organizará alguna manifestación. No nos vamos a quedar callados», asegura. Porque el triste saldo que arroja la Ley de Igualdad de Trato es que, «si no tienes recursos, no tienes derechos».

 

Fuera ya del ámbito educativo, Pablo tampoco comprende la finalidad con la que nace esta nueva legislación, que se aprobará a lo largo del año. «¿Ahora resulta que puedo denunciar a una empresa porque han ascendido a un compañero por ser más guapo que yo?», se pregunta con incredulidad.

 

Un ahorro millonario que se pierde

  

- Con el fin de los conciertos para los centros diferenciados, las comunidades autónomas dejarán de ahorrar millones. Gracias a los colegios concertados, la Educación pública se ahorra unos 2.350 millones de euros al año. Así lo afirma un estudio de la patronal CECE de escuelas concertadas.

 

Los efectos de una ley que dará problemas

  

1.- Antonio González. Taxista

  

Antonio lo tiene claro. «Estoy harto de que se suba gente extraña en el taxi. Y si veo a alguien con pinta de borracho o de delincuente, no sube», afirma. Porque que «sea una persona de religión o de raza concreta a mí me da igual». Hay una serie de circunstancias que no permite. «Esta ley es una estupidez por parte del Gobierno. No me pueden obligar a estar en vilo en mi trabajo», concluye.

  

2.- José M. Cubillo. Arquitecto

  

«El proyecto de ley de igualdad de trato se trata ya de una norma confusa en el lenguaje. Estoy de acuerdo con el propósito general del legislador que es promover la dignidad humana y la justicia pero no en el cómo se va a hacer, porque al final va a generar injusticia y maltrato de la dignidad humana. Crea una enorme inseguridad y puede generar muchos problemas en el ámbito laboral, donde puede que las envidias y la competencia personal tomen cuerpo de una manera directa».

  

3.- Juan Rodríguez. Propietario de un bar

  

«Yo soy el que elijo, contrato y pago y eso me da la potestad de elegir a la persona que quiero contratar y no es la otra persona la que me lo tiene que decir ni me tiene que denunciar porque piense que la estoy discriminando por algo. Esta norma genera indefensión. Ahora necesitaremos asesoramiento jurídico por conflictos que puedan surgir».

  

4.- Florentino Biezma. Propietario de un piso

  

Negar el alquiler a una persona con menor poder adquisitivo que otra podría acarrear una denuncia. «El Estado no puede obligarme a alquilar al primero que llegue», afirma Florentino, propietario. Y el Estado «tampoco tiene potestad sobre la propiedad privada», dice. Y es que «necesito la seguridad que aportan un contrato o unas nóminas».

  

5.- Francisco Ruiz. Juez de familia

  

El hecho de que sea el demandado el que tenga que probar su inocencia acarreará muchos problemas. «Me preocupa la inversión de la carga de prueba», afirma este juez. «Hay muchas cosas que no puedes demostrar que no has hecho», añade. Por otro lado, ya de por sí, en los juzgados de familia no son pocos lo que se quejan por discriminación. «La situación irá a peor».

  

6.- Sergio Cornide. Médico de familia

  

«¿Cómo vas a demostrar en una consulta, en la que no hay testigos, si ha habido discriminación o no? A los médicos, que ya estamos presionados, nos pone en riesgo de ser amenazados con denuncias. Creo que nos aporta más problemas que soluciones, aparte de los conflictos laborales que nos puede generar».

 

Fuente: La Razón.