martes, 24 de mayo de 2011

Primera valoración de la Federación España Educa en Libertad (ESEL) ante los resultados electorales

La libertad de educación y la calidad de la enseñanza deben estar entre las prioridades de los nuevos gobiernos regionales. 
  
Madrid, 23 de mayo de 2011. A la luz de los resultados electorales, y en lo que respecta al ámbito educativo en el que ESEL desempeña su actividad, desde nuestra federación nacional hacemos las siguientes consideraciones:
  
- Los resultados electorales no deben leerse sólo en clave de una mala gestión económica, sino que también suponen un firme rechazo al proyecto ideológico que este gobierno ha desarrollado a lo largo de dos legislaturas en todos los ámbitos y de forma muy significativa en el educativo.
  
- Desde nuestra federación, así como desde las plataformas y asociaciones que la integran, hemos denunciado lo que ese proyecto ideológico está suponiendo en la práctica en el día a día de los centros educativos, con la vulneración de derechos fundamentales, el recorte de libertades, la intromisión del Estado en ámbitos privados y la imposición de una supuesta “ética común” a todos los escolares no sólo a través de las asignaturas englobadas en el área de Educación para la Ciudadanía sino a través de talleres y actividades que invaden el ámbito ideológico y moral.  
  
- Todos estos recortes en la libertad de educación han generado una serie de conflictos en el ámbito educativo que se han trasladado en muchos casos a los tribunales, con miles de recursos abiertos, gran parte de ellos planteados por familias representadas por las plataformas y asociaciones de nuestra federación, lo que ha generado una situación insostenible.
  
- A esta situación de recortes en derechos y libertades se suma un grave deterioro en la calidad de la enseñanza que coloca a nuestro país en una situación de clara desventaja respecto a los países de nuestro entorno.
  
Los nuevos gobiernos regionales y locales no pueden ignorar esta realidad, y tienen que adoptar en el ámbito de sus competencias (muy amplias en el ámbito educativo) las medidas necesarias para poner fin a esta grave situación.
  
Desde nuestra federación llevamos tiempo haciendo llegar nuestras propuestas, que ahora reiteraremos a los nuevos gobiernos regionales y locales a través de un amplio documento, cuyas líneas básicas se pueden resumir muy brevemente en los siguientes puntos:
  
- Garantizar el derecho de todos los alumnos a una educación de calidad. Enriquecer a través de los decretos autonómicos los contenidos mínimos y elevar el nivel de exigencia del sistema educativo.
  
- Garantizar una formación básica común en todas las etapas educativas en toda la red educativa de las diferentes comunidades.
  
- Garantizar la enseñanza del castellano en toda España y la libertad de los padres para elegir la lengua vehicular en la que educar a sus hijos.
  
- Garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales, religiosas y pedagógicas, lo que pasa por garantizar, entre otras cuestiones, la libertad de elección de centro.
  
- Cumplir y hacer cumplir el mandato constitucional de neutralidad ideológica de los poderes públicos en los centros de enseñanza de titularidad pública.
  
- Trabajar por la supresión de las actuales asignaturas de Educación para la Ciudadanía y, mientras éstas continúen tal como están configuradas, adoptar una serie de medidas para acabar con los perjuicios (entre ellos la amenaza constante de no titulación) de aquellos alumnos cuyos padres ejerzan el derecho a la objeción de conciencia como forma de garantizar su derecho a educar a sus hijos según sus convicciones.
  
- Adoptar las medidas necesarias para impedir la imposición de cualquier contenido de carácter moral a los alumnos a través de talleres, actividades etc, que deberán contar con la autorización expresa de los padres.
  
Confiamos en que los nuevos gobiernos regionales y locales sepan hacer frente a su responsabilidad, tal como consta en la Constitución: “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que tales derechos y libertades sean reales y efectivos: remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud” (Art. 9.2 CE).
   

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