El caso de las dos alumnas del IES Delgado Brackenbury de Cabezas de San Juan (Sevilla) a las que se ha negado la titulación de la ESO por su objeción a Educación para la Ciudadanía (EpC) -sobre el que el diario El País ha montado una hábil operación de propaganda para “aviso de navegantes”- reúne todas las condiciones de lo que podría ser una situación de acoso y persecución por motivos de conciencia.
Si por parte del equipo directivo del centro y la Junta de Andalucía se ha evidenciado una inquina contra las alumnas incompatible con el más elemental sentido de la justicia y del respeto al pluralismo en las convicciones, es ahora el Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, quien pareciera haberse apuntado al sectarismo y la intolerancia del caso. Es por ello urgente una rectificación pública de lo que sólo debiera poderse interpretar como un error o una ligereza ante un micrófono inoportuno.
En efecto y según informaciones del diario El País y de la agencia EFE, preguntado Gabilondo por la insólita situación provocada en el mencionado centro educativo por el respaldo de la Junta de Andalucía a la decisión del equipo del centro, el Ministro de Educación ha despachado el asunto con la afirmación de que “los títulos se dan cuando se aprueban todas las asignaturas y Educación para la Ciudadanía es una asignatura como las demás”. “Nuestra posición -afirmó también- es firme en el sentido en que esté asunto no tiene que ver con la objeción de conciencia”.
No es de recibo que un Ministro de Educación diga que EpC “es una asignatura como las demás” y que este caso “no tiene que ver con la objeción de conciencia”.
No es admisible que el máximo responsable de la educación en España ignore cuatro años de polémica educativa, social, mediática y política -como ha habido pocas- con esa frivolidad. Que ignore más de 53.000 objeciones de conciencia de ciudadanos que no están conformes con el adoctrinamiento por el Estado de sus hijos en la escuela. Que ignore cerca de 500 sentencias sentencias favorables a los objetores en los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, La Rioja, Castilla y León y en un buen número de Juzgados de Aragón y Castilla-La Mancha; o que las sentencias desfavorables a los padres del Tribunal Supremo provocaron que diez magistrados expresasen su disenso de la sentencia en otros votos particulares; o que ya hay presentadas 371 demandas en el Tribunal de Estrasburgo; o que el Tribunal Constitucional está admitiendo a trámite los recursos de amparo frente a la imposición de EpC y la denegación del derecho a la objeción de conciencia de los padres.
No es de recibo, finalmente, que el Ministro de Educación ignore las condiciones legales para titular en la ESO. Que ignore que la legislación educativa admite que se puede obtener el título de la ESO incluso con 3 asignaturas suspensas (art. 28.3 de la LOE) y que, curiosamente y según reconocía El País del viernes, las alumnas objetoras de Cabezas de San Juan tienen un magnífico expediente académico. Un expediente brillante que hace muy sospechoso que el equipo docente considere que “no han alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa” precisamente por no haber asistido a las asignaturas de EpC, no por capricho o negligencia sino por razones de conciencia y al amparo nada menos que de un Tribunal Superior de Justicia, como es el de Andalucía, que sentenció que sus padres estaban ejerciendo derechos fundamentales respaldados constitucionalmente.
No podemos admitir que el Ministro Gabilondo se haya apuntado así al sectarismo y la intolerancia. Por eso es urgente una rectificación pública.
Fuente: Profesionales por la Ética.
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