Se cumple ahora un año de la presentación en Estrasburgo de las primeras demandas contra el Estado español por violación de derechos fundamentales del Convenio Europeo en la imposición obligatoria de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía.
David, uno de los 375 demandantes, ofrece hoy su testimonio sobre las razones que le han llevado a dar este paso ante el Tribunal de Derechos Humanos y a mantener a su hijo, pese a las presiones que recibe, fuera de las clases de dichas asignaturas.
«Somos objetores -afirma David- al bloque de asignaturas conocido como Educación para la Ciudadanía. Siempre hemos llevado una vida tranquila, sin meternos en problemas, intentando vivirla con serenidad y calma. Pero hay momentos en la vida en la que uno tiene que definirse claramente. Líneas que no se pueden atravesar».
En la imagen, un grupo de padres objetores y sus representantes posan ante los medios tras la rueda de prensa celebrada en la sede del ECLJ en Estrasburgo (Francia) el 19 de marzo de 2010.
«El día 6 de septiembre de 2008, explica el padre demandante, presentamos la declaración de objeción de conciencia al bloque de asignaturas conocido como Educación para la Ciudadanía (EpC) en la secretaría de la Consellería de Educación, en Santiago de Compostela.
El 10 de octubre del mismo año 2008, la directora del colegio nos hace llegar un escrito indicándonos que nuestro hijo debe entrar en clase pues desde la Inspección educativa así lo exigen, al considerar que no existe la posibilidad de objetar en conciencia a la asignatura. A este escrito contestamos mediante documento presentado el día 14 del mismo mes de octubre dirigido al Inspector; en él notificábamos nuestra firme decisión de objetar, informándole que nuestro hijo permanecería fuera del aula durante las horas de EpC. Ese escrito nunca fue contestado por parte de la Inspección educativa.
El 27 de octubre la Conselleira de Educación nos desestima la objeción, algo que nunca pedimos porque nosotros no pedimos nada, solamente informamos de nuestra decisión.
El 4 de noviembre de 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó sentencia contraria al recurso que interpusimos frente a la decisión de la Consellería. Esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo y admitida a trámite en abril del año 2010.
El 22 de junio de 2010 autorizamos por escrito a Profesionales por la Ética para que pueda presentar en nuestro nombre la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. Demanda que nos consta se ha presentado y que en la actualidad está pendiente de resolución.
El 22 de diciembre de 2010 se nos notifica la sentencia del Tribunal Supremo, desfavorable y con imposición de costas, 1.000 €».
«Nuestro hijo», afirma David, «sigue en la actualidad, y pese a las muchas presiones, fuera del aula. Sigue suspendiendo EpC, ahora Educación Ético-Cívica, por no comparecencia y para orgullo de sus padres. Y sigue obteniendo unas excelentes calificaciones en el resto de las materias. Sabemos que la asignatura, tal y como se imparte en el colegio al que asiste, perteneciente a la Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), está muy descafeinada, por aquello que dieron en llamar «adaptación al ideario», lo que ya de por sí es malo, considerando negativo estudiar una materia insulsa, innecesaria y carente de contenido real. Una asignatura que, por otra parte, tiene un origen hostil al cristianismo, de tal naturaleza que para poder impartirla en un colegio católico es necesario «adaptarla». Eso lleva a otro contrasentido, toda vez que cualquier católico tiene la obligación de evangelizar y dar testimonio de su fe, no de auto-protegerse y adaptar la realidad a sus necesidades, abandonando a los otros. Debo decir que en el colegio, aunque la dirección no entienda nuestra postura, se nos ha tratado siempre bien».
David tiene claro que conoce la importancia del testimonio, de decir «basta» cuando hay que decirlo y de aceptar las consecuencias de abrazar una cruz que hace ya tiempo abrazaron. «Nosotros», asegura, «somos sus padres y decidimos su educación. No aceptaremos nunca que el Estado se ponga por encima de nuestro derecho a educar a nuestro hijo según nuestros criterios morales y nuestra fe católica. No es el Estado el que debe decidir qué clase de persona va a ser nuestro amado hijo (y no creo que el Estado le ame en absoluto). Hay cosas que no aceptaremos jamás y por las que estamos dispuestos a llegar hasta donde haga falta. Y si alguien quiere más datos de cuál es la línea por la que vamos, que lea la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Eso le dará bastante información. No queremos imponer nuestra fe a nadie, pero tampoco que nadie nos imponga la suya».
Para David y su familia, la vía legal es útil para ayudar a los demás a comprender la gravedad de la situación. Pero ellos serán siempre fieles a su conciencia, independientemente del resultado judicial. «A nuestro Maestro lo crucificaron. No esperamos menos», asegura.
Fuente: Profesionales por la Ética.
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