martes, 1 de noviembre de 2011

Alicante. Educación desobece a una juez al cambiar de colegio a un niño autista

El Consell alegó que su centro no disponía de educador y el juzgado dictaminó que debía seguir escolarizado allí de manera cautelar. 
  
01.11.11 - A. S. MOLLÁ | ALICANTE.
   
Una juez de lo contencioso-administrativo de Alicante ha avisado a los responsables del colegio San Fernando de que pueden estar incurriendo en responsabilidades penales por impedir que un menor acuda al centro mientras se resuelve un recurso presentado por sus padres. Ayer mismo, la magistrada dio un «plazo improrrogable» de tres días al colegio para que aclarara si había cumplido estas medidas cautelares, y, de lo contrario, instaba a que procediera a su «inmediato cumplimiento bajo apercibimiento de imposición de multas coercitivas». Y todo ello «sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales en que, por dicha desobediencia, los responsables del centro educativo pudieran incurrir».
  
El pequeño que ha desatado esta batalla judicial tiene 10 años, vive en régimen de acogimiento permanente con una familia de Alicante y padece síndrome de Asperger, una clase de autismo que dificulta la relación social con otras personas, entre otros síntomas. En junio, a raíz de un informe técnico, la Conselleria de Educación decidió cambiarlo de colegio debido a que, por sus «necesidades educativas especiales», precisaba la atención de un educador, un maestro de educación especial y otro de audición.
  
Al no contar con esos «recursos personales», la Conselleria de Educación resolvió que en septiembre el niño debería ser trasladado al colegio Santo Domingo, también en Alicante, para iniciar el nuevo curso allí.
  
Sus padres de acogida presentaron un recurso de alzada contra esta decisión, al considerar que un cambio de centro escolar podría ser perjudicial para el desarrollo de su hijo. Y es que, según explica su padre, Rafael Aldavín, el pequeño ya cuenta con un grupo de amigos en el San Fernando, que le conocen desde hace años y han aprendido a convivir con los síntomas de su enfermedad.
  
Por este motivo, decidieron acudir a un juzgado de lo contencioso-administrativo de Alicante, que acordó, como medida cautelar, que el pequeño debería seguir escolarizado en su colegio mientras se resolvía el procedimiento.
   
A finales de septiembre, la titular del juzgado de lo contencioso número 4 de Alicante lo dejó bien claro en un auto: «De lo que se trata es de evitar los perjuicios que para el menor, afecto del síndrome de Asperger, pudieran derivar de un cambio repentino de colegio, y que de facto se han puesto de manifiesto dadas sus especiales dificultades de adaptación».
  
La juez consideró que «hasta que no se resuelva el fondo del asunto, lo cierto y verdad es que las circunstancias aconsejan mantener al menor en el centro escolar CP San Fernando, donde venía cursando sus estudios, asignándole un educador especial y los recursos que necesite», según su auto.
  
El 28 de septiembre, con el curso ya iniciado, la Conselleria de Educación resolvió el recurso presentado por los padres en junio y desestimó sus argumentos. La resolución señala que «al no disponer el centro del recurso de educador, ni reunir las exigencias para tenerlo, se procedió a escolarizarlo en un centro próximo a su domicilio que dispusiese de ese recurso». Y añade que «según consta en el informe, la directora del centro citó a los padres para comunicarles la decisión, pero no fue posible ya que los padres no acudieron a la reunión».
  
Los padres recurrieron esta nueva decisión de la conselleria ante un juzgado de lo contencioso, pero, mientras no haya sentencia, el niño debería seguir escolarizado en su colegio, según la juez.
  
Y es que, según recalcó en su auto la magistrada, «el interés más digno a proteger» es «la salud y el bienestar del menor y su derecho fundamental a la educación».
  
A la hora de mantener estas medidas cautelares, el juzgado no tuvo en cuenta las alegaciones de la conselleria, que esgrimió «la falta de efectivos personales». De hecho, apuntó que «en el nuevo centro al que pretende ser trasladado, el menor ni siquiera va a poder contar con el apoyo de un educador, tal como precisa, debido a que, superando la ratio de alumnos por educador, únicamente podría atenderle de manera puntual».
  
Fuente: Las Provincias.   

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