Entrevista a Rafael Navarro-Valls.
26 NOV 2011
| G. Sánchez de la Nieta
El catedrático de Derecho de la UCM, Rafael Navarro-Valls explica la
confrontación que a veces existe entre los poderes públicos y los
ciudadanos cuando el Estado invade, por ejemplo, la libertad de los
padres a educar a sus hijos según sus convicciones.
A raíz del Congreso sobre Homeschooling que finaliza hoy en España, entrevistamos a Rafael Navarro-Valls, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM),
académico y secretario de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, para conocer el estado jurídico de la cuestión, que
actualmente afecta a más de 2.000 familias que optan este modelo de
educación en casa. Al final, tal y como explica este experto, el interés
del Estado por escolarizar a los niños debe ceder ante la libertad de
los padres a escoger la educación que quieren para sus hijos.
¿Puede limitar el Estado la libertad de los padres a educar a
sus hijos como ellos quieran, incluida la libertad de decidir la
escolarizarlos en casa?
El derecho a elegir el tipo de educación que queremos dar (o no dar) a
nuestros hijos forma parte de nuestro propio derecho a elegir una
concepción del bien y a ponerla en práctica , sin sufrir interferencias
de los poderes públicos. En este sentido, una sentencia del TS
norteamericano (Wisconsin versus Yoder) estableció que “el interés del
Estado por la escolarización obligatoria debe ceder ante la libertad de
los padres para marcar la orientación moral de sus hijos”. “Educar” no
siempre es sinónimo de “escolarizar”. Esta última, sin embargo, es la
regla general dada la expansión sin precedentes durante el XX de la
escolarización obligatoria.
Aunque un Estado laico no pueda realizar un dictamen o juicio de valor
sobre el contenido de las creencias o valores de una determinada
familia, sí puede intervenir cuando contravenga el orden público, o se
violen los derechos fundamentales del niño. De ahí que en los países que
admiten “la enseñanza en casa” (homeschooling, o home education) se
establecen regulaciones para que los intereses del niño no se vean
menoscabados.
¿Quién pone los límites en lo que es competencia de los padres y del Estado en la educación de los hijos?
Cada vez es más claro que los niños son también “sujetos de derecho”,
no simple propiedad privada de los padres. Por eso el Tribunal de
Derechos Humanos, ha establecido que “ ha de ser protegido el derecho de
los menores a recibir una educación apropiada; derecho que por su
propia naturaleza, reclama también una intervención del Estado, que
puede variar según los tiempos y lugares”. Lo cual no significa que
hayan de ser tratados “como criaturas del Estado”, que es un error en el
que suelen caer los estados intervencionistas. Cuando se da un
conflicto “real” (no imaginado por la autoridad pública) los límites
entre ambas competencias habrá de ser decidido por los Tribunales de
justicia.
En el siglo XIX, los hijos se educaban en casa, en iglesias, o en escuelas sin obligatoria asistencia. De sus padres recibían no sólo los conocimientos sino todos los valores y principios por los que se guiarían durante su vida. Como ya he dicho, fue durante el siglo XX cuando se extendió la escolarización obligatoria, como el medio más adecuado de que los chicos recibieran “educación” obligatoria.
Esa legítima intervención a veces se ha convertido en un ilegítimo
intervencionismo, queriendo decidir por sí mismo –sin tener en cuenta a
los padres– cuál es la mejor manera de asegurar el desarrollo de la
competencias morales, cívicas y políticas de las nuevas generaciones. De
ahí las reacciones que se han producido en España (o en otros países:
Turquía y Noruega, por ejemplo) con la asignatura obligatoria de
Educación para la ciudadanía. Conflicto entre padres y Estado que
fácilmente se hubiera resuelto haciendo optativa dicha disciplina.
Por otra parte, no se puede olvidar que, a pesar de las indudables
ventajas de la escuela, ésta no consigue erradicar todas las amenazas de
la educación de los hijos. La integración racial, étnica y religiosa no
se logra plenamente, hay violencia entre pandillas juveniles, droga,
embarazos de adolescentes, y el sentido horizontal rompe con el respeto a
los mayores. Esta crisis moral se hace patente en la violencia, la
sexualidad precoz, y los medios elegidos desde las autoridades
educativas para prevenir estos conflictos juveniles, no siempre en
correspondencia con los valores y creencias religiosas de las familias,
como los programas de reparto de preservativos, la orientación de la
asignatura de educación sexual para prevenir el sida, etc.
Con un esfuerzo personal y conflictos con la justicia, algunas familias
deciden comenzar a practicar el home schooling. En España destacan los
trabajos sobre esta cuestión de la profesora Irene Briones, de la
Universidad Complutense. Como hace notar, las finalidades detectadas en
este fenómeno son : 1) Recuperar los padres el control sobre sus hijos y
la depauperada función social de las familias; 2) Como alternativa
pedagógica ante los deficitarios resultados académicos; 3) Para evitar
la presión competitiva de la educación oficial; 4) En el caso de niños
con necesidades especiales; 5) Cuando los padres viajan mucho por su
situación laboral, y no pueden tener a sus hijos inscritos en un colegio
físico, adscrito a un distrito de su ciudad; 6) O como el modo de que
los padres eduquen a sus hijos conforme a su fe, valores y creencias
religiosas, que pueden no ser compartidas en las escuelas públicas.
¿Por qué en España hay ese vacío legal respecto al homeschooling?
Por las mismas razones que no se permitía en sus inicios en Estados
Unidos o Reino Unido – por citar dos países que hoy la admiten.
Fundamentalmente, por la protección del interés preponderante del niño.
Sin embargo, en esos países, los Tribunales fueron llegando poco a poco a
la idea de que educar a los hijos no se refiere a educarlos de “una
determinada manera o en un lugar en particular”.
En España, hemos tenido demasiadas leyes de educación que pretenden una
educación pública de calidad, relevando a los padres de esta tarea. El
máximo grado de libertad de las familias se acaba con la educación
privada. Habrá que regular también esa forma de educación privada que es
la “educación en casa”.
¿Qué repercusiones legales puede tener una familia española que educa a sus hijos en casa? ¿Puede obtener un título oficial?
En España, varias sentencias de las Audiencias provinciales han eludido
la vía penal en los casos de padres que educaban a sus hijos en casa.
Así, en diciembre de 2009, la Audiencia Provincial de Teruel , absolvía a
los padres, por haberse negado a escolarizar a sus hijos, de un
supuesto delito de abandono de familia (art.226 CP). Para la Audiencia
“educar equivale a desarrollar las facultades intelectuales o morales de
una persona, lo que puede lograrse dentro o fuera del sistema educativo
establecido por el Estado”. Sin embargo, el TC (STC 133/2010, de 2 de
diciembre ) parece no estar muy de acuerdo con esta forma educativa, ya
que para el TC la educación no solamente es adquirir conocimientos sino
la experiencia de integrarse en una sociedad pluralista .
Para el TC los padres no tienen un derecho al homeschooling cuando el
legislador no lo ha previsto, al menos en el caso que contempla, que es
recurrir a ella por razones pedagógicas derivadas de la ineficacia del
sistema escolar español. Me da la impresión de que el TC tiene un
concepto demasiado restringido de la “socialización”, ya que ésta no
solamente se adquiere en la escuela sino entre los amigos, el contacto
con otros parientes etc. En este sentido, el artículo 55 de la Ley de
Educación de Cataluña, dice que la educación sin asistir a la escuela,
es un excepcional modo de educar para circunstancias especiales,
circunstancias que tendrán que desarrollarse en un posterior reglamento.
Respecto a titulación oficial, ésta no es posible sin las pruebas y
requisitos establecidos jurídicamente.
Fuente: La Gaceta.
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