El compromiso del PP es “liberar la educación del peso ideológico que viene padeciendo”

Entrevista a Juan Antonio Gómez Trinidad, portavoz popular de Educación en el Congreso, quien no descarta modificar las leyes educativas.  

 

Mariano Bailly-Baillière para REDACCIÓN HO.- Nacido a finales de la década de los 50 en La Zarza (Badajoz), Juan Antonio Gómez Trinidad está casado y es padre de cinco hijos. Catedrático de Filosofía, tiene una amplia experiencia docente y, en su actividad política, han recaído sobre él importantes responsabilidades entre las que figuran las de Director General de Educación del Gobierno de La Rioja (1998-2008), Consejero de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Vicepresidente del Instituto de Estudios Riojanos, Miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular en La Rioja y Miembro de la Junta Directiva del Partido Popular a nivel nacional. Además, es Consejero Titular del Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de Educación y Cultura le concedió la Cruz de Alfonso X el Sabio. 
  

En la presente legislatura representa a La Rioja en el Congreso de los Diputados y es el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Educación de la Cámara Baja.

  

Gómez Trinidad ha concedido a Noticias HO una entrevista en la que expone las líneas básicas de la política educativa que, si logra acceder al Gobierno en las próximas Elecciones Generales, piensa poner en práctica su partido.

  

P: Europa Press publicó el pasado lunes unas declaraciones suyas en las que manifestaba que "si el Partido Popular gana las próximas elecciones generales no cambiará las leyes educativas vigentes, si bien emprenderá 'profundas reformas' en el actual sistema educativo, según sus aspiraciones 'a través del consenso' con otras formaciones parlamentarias". Esta renuncia anticipada a derogar la LOE –cosa que no hizo el PSOE con la ley de educación del PP– ha sorprendido a muchas personas y organizaciones que trabajan por recuperar las libertades educativas que la legislación socialista ha ido recortando curso tras curso. ¿Considera usted posible modificar sustancialmente aspectos ideológicos y pedagógicos que se encuentran en la raíz misma de la LOE sin derogarla?

  

R: Unas declaraciones que no son recogidas en su literalidad y que se juzgan a partir de un título que es obra del periodista, más que del entrevistado, no pueden considerarse como un texto de referencia sobre un aspecto tan importante como el que nos ocupa.

  

El Partido Popular, como ha manifestado reiteradamente, cuando gobierne, introducirá reformas profundas y de calado en el sistema educativo, algunas de las cuales requerirán modificar las actuales leyes, en distinta medida. Por lo tanto, hay que distinguir entre el objetivo y los instrumentos legales para conseguirlos. No compartimos los presupuestos socialistas que han nutrido la educación española desde la LODE y nuestro compromiso es precisamente liberar la educación del peso ideológico que viene padeciendo.

  

P: ¿Cree que los pésimos resultados académicos que nuestros alumnos cosechan año tras año pueden corregirse técnicamente o es necesario modificar los valores y principios sobre los que se asienta la LOE? ¿Tienen cabida en la LOE objetivos y valores tales como la excelencia educativa, el esfuerzo, la autoridad, la libertad de elección, la libertad ideológica, etc.?

  

R: El fracaso educativo no es sólo el escolar, también es formativo y educativo. Y el fracaso tiene múltiples raíces, algunas de las cuales brotan a partir de un modelo “logsiano” que no ha desaparecido desde hace veinte años. Es importante cambiar las leyes, pero también los decretos que las desarrollan. En estos momentos, está pendiente de su aprobación, por ejemplo, el que se refiere a los Conciertos, cuya importancia es máxima para garantizar las libertades educativas.

  

No se trata sólo de si tienen cabida esos valores en la LOE –basta utilizar un buscador para comprobarlo–, sino si han tenido cabida en los desarrollos legislativos.

  

P: El candidato socialista ha apostado todas sus cartas a la educación pública. ¿Qué papel cree usted que juegan los centros de iniciativa social en el ámbito educativo español? ¿Piensa que el modelo de centro docente debe ser monocolor o que pueden convivir sin enfrentamientos centros públicos con centros de iniciativa social?

  

R: Para nosotros tiene una importancia clave la educación por el sujeto de la misma: la persona. Es relativo quién sea el titular del centro que la imparta, con tal de que responda a la libertad de los padres de poder elegir y las exigencias de calidad que necesariamente debe tener.

  

P: ¿Cree usted que el recurso a los conciertos educativos es una medida que garantiza el futuro de los centros de iniciativa social?; ¿piensa que sus criterios y cuantías son justos?; ¿pueden ser los conciertos un chantaje permanente del Estado a las libertades de los centros y, en definitiva, de los padres que confían sus hijos a la enseñanza concertada?

  

R: El sistema de conciertos ha dado respuesta durante veinticinco años a la educación de iniciativa social que quería y necesitaba de fondos públicos. Hoy en día es necesaria su revisión tanto en los aspectos económicos –actualmente los módulos están por debajo del coste efectivo, real– como en el propio marco general: las transferencias educativas, las nuevas tecnologías, la emigración, la atención a la diversidad etc. Son realidades que no existían en 1985.

  

El Concierto debe ser un derecho de los Centros cuando se cumplan los requisitos básicos, entre los cuales el primero es que exista una demanda suficiente por parte de los padres y por tanto debe permanecer ese derecho mientras se mantenga tal demanda y se cumplan las exigencias mínimas de una educación de calidad.

  

P: ¿Van a implantar medidas para que la enseñanza pública aspire a la excelencia educativa y se genere una sana competencia entre los centros de modo que se recupere la ilusión de los docentes y el reconocimiento del mérito en el ámbito educativo?

  

R: Sin duda alguna. Ya la venimos implantando en las comunidades donde gobernamos y lo que pretendemos es implantar con carácter nacional muchas de las buenas prácticas que han dado unos resultados magníficos. La cultura del esfuerzo, por ejemplo, se ha de implantar acompañada de una cultura de la evaluación censal, objetiva y externa que vaya acompañada de medidas correctoras, en su caso, o de recompensa al esfuerzo cuando se obtengan resultados excelentes. Este objetivo es aplicable tanto para los alumnos como para los centros.

  

P: ¿Tienen la intención de considerar la fórmula del cheque escolar o alguna similar como medio para garantizar de hecho la libre elección de centro?

  

R: En España las comunidades autónomas tienen todas competencias en materia educativa –excepto Ceuta y Melilla–. Son ellas las que financian el 95% de la educación efectiva. Cada comunidad autónoma, tiene el derecho y el deber de experimentar aquellas formulas de financiación y de gestión que produzcan un incremento de la libertad y la calidad, asegurando siempre el principio de igualdad de oportunidades.

  

P: ¿Van a eliminar o modificar sustancialmente las asignaturas de Educación para la Ciudadanía de modo que sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación sean similares a los de otras asignaturas de carácter social eliminando su objetivo moralizador que entra en conflicto con las sentencias del Supremo, quien exige el respeto a las propias creencias y el rechazo de toda cuestión moral socialmente controvertida?

  

R: Nos hemos manifestado ya en reiteradas ocasiones al respecto. Eliminaremos cualquier planteamiento doctrinario tal como se plantea en la actual configuración de Educación para la Ciudadanía. Otra cosa distinta, y que no debe confundirse, es que aspiremos a una educación cívica basada en los valores de la Constitución y el conocimiento y participación en la vida democrática, al modo como existe en otros países. Este segundo enfoque, preparar a los alumnos para una ciudadanía activa, es un objetivo de cualquier sociedad democrática, entre otras cosas para evitar un estatalismo totalitario encubierto. En otras palabras, aspiramos a más Sociedad y menos Estado, pero ello requiere ciudadanos conscientes de su responsabilidad y de su implicación.

  

P: ¿Van a desarrollar el capítulo educativo de la Ley del Aborto que establece una educación sexual en los centros llevada a cabo, además, por personal ajeno a éstos?

  

R: Por supuesto que no. Si nos parece una injerencia en la vida personal y familiar el planteamiento actual de la Educación para la Ciudadanía, con mucho más motivo lo que se pretende en la actual ley del aborto, que por cierto tengo que recordar que la hemos recurrido ante el Constitucional.

  

P: ¿Garantizará el Partido Popular que, en todas las regiones bilingües de nuestra geografía, los padres puedan elegir para sus hijos la lengua vehicular en todas las etapas de su escolarización?

  

R: Este es un objetivo irrenunciable del PP. Pero además, lo que de verdad deseamos todos es que nos dediquemos de una vez a los problemas pendientes de solucionar en educación; que respetando lo que dice la Constitución y han avalado numerosas sentencias judiciales, la enseñanza en castellano deje de ser un problema que nos distraiga de conseguir una educación excelente en cualquier lugar de España.

  

Fuente: HazteOir.org.