Mientras las asignaturas de Educación para la Ciudadanía dan sus últimos coletazos, el frente judicial abierto en marzo de 2010 en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sigue su curso.
Y es que 389 los españoles (padres, madres e hijos)
correspondientes a 150 alumnos objetores) se vieron obligados a acudir a
este tribunal europeo para defender sus derechos frente a la imposición de estas materias escolares por el Gobierno socialista.
«El anuncio realizado por el ministro Wert», explica Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, «no afecta al proceso. La demanda de los objetores es contra el Estado español, al que acusan de violar varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos,
como el derecho a la vida privada de los menores, la libertad de
pensamiento, conciencia y religión, el derecho de los padres a educar a
sus hijos conforme a sus convicciones y a la no discriminación».
Las demandas de las familias españolas fueron presentadas por
Profesionales por la Ética y la entidad especializada en la defensa de
los derechos humanos Alliance Defense Fund (ADF). Además, los demandantes contaron con la asistencia técnica del European Center for Law and Justice (ECLJ), con sede en Estrasburgo.
Tras el anuncio del fin de EpC, a Profesionales por la Ética han llegado algunos testimonios de padres demandantes en Estrasburgo; entre ellos destacan los siguientes:
- «Mi marido y yo, como padres objetores, queremos que todos los procesos judiciales denunciando el intervencionismo del Estado a través de Educación para la Ciudadanía (EpC) se mantengan activos hasta que sus sentencias reconozcan esta intromisión. Así sentarán una jurisprudencia que proteja a toda la sociedad de las tentaciones totalitarias del Estado». Lourdes (Navarra).
- «Soy madre objetora a Educación para la Ciudadanía; mis hijos han permanecido fuera del aula mientras esta asignatura se impartía. Sigo siendo madre objetora de un niño de 10 años que sigue sin entrar en clase. La situación no ha cambiado a pesar del anuncio del nuevo ministro de Educación de querer sustituir esta asignatura por otra llamada Educación Cívica. Por eso mismo, porque la situación real no ha cambiado, la demanda que presentamos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo tampoco la retiramos. Sigue adelante, hasta que dicho Tribunal se pronuncie sobre el carácter adoctrinador de Educación para la Ciudadanía». María (Madrid).
- «Mi marido y yo tuvimos desde el primer momento muy claro que queríamos a objetar a EpC por los tres hijos que aún nos quedaban en el colegio. Lo hablamos también con ellos y nunca nos ha pesado esta decisión, a pesar de que han suspendido EpC y de que en dos de los casos hemos vivido momentos muy amargos por la presión de la Inspección al colegio con la amenaza de no titulación. Un abogado y una procuradora, a los que estamos muy agradecidos, nos ayudaron de forma desinteresada con la demanda ante el TSJ de Madrid, pero éste aplicó lo del Supremo y falló en nuestra contra. Después nos unimos a la demanda que preparó Profesionales por la Ética para Estrasburgo y, por supuesto, no queremos abandonar hasta que el Tribunal europeo reconozca que la responsabilidad de la educación moral de los hijos es nuestra y no del Estado. Que experimentos totalitarios como EpC no son compatibles con la libertad». Patricia (Madrid).
- «Mantendremos nuestras demandas en Estrasburgo porque nos parece importante que un tribunal europeo, ajeno a los grupos de presión españoles, manifieste su opinión y realice un dictamen sobre los límites del Estado en la educación y su intromisión en las conciencias de los menores». Antonio (Madrid).
Fuente: Profesionales por la Ética.
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