Por Lola García-Ajofrín.
La mayoría del Congreso ha respaldado la
propuesta de ampliar a tres años el Bachillerato y la FP de Grado Medio y
de reducir la Educación Secundaria Obligatoria, en medio de un bronco
debate a causa de los sucesos de Valencia.
El pleno de la cámara ha debatido una proposición no
de ley del PP en ese sentido, que ha sido respaldada además por el grupo
de UPyD y por los diputados del Foro de Asturias y de UPN. Pero en el
debate sobre las reformas educativas programado en el Congreso se han
colado de lleno los sucesos que durante los últimos días se suceden en
Valencia, y los portavoces de los grupos de la oposición han denunciado
la "violenta represión" policial de las manifestaciones estudiantiles.
Se han repetido además las peticiones de dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, y del jefe superior de Policía en esta comunidad, Antonio Moreno, y varios portavoces (los de ERC y Compromís-Q) han mostrado desde la tribuna de oradores carteles con esa exigencia. Entre constantes llamadas de atención por parte del presidente de la Cámara, Jesús Posada, por derivar hacia esos sucesos el debate parlamentario, los portavoces de la oposición han coincidido al señalar que lo que está ocurriendo en Valencia evidencia el concepto de la educación y del "civismo" que tiene el Gobierno del PP.
La proposición no de ley defendida por el PP insta al Gobierno a implantar un modelo de Educación Secundaria "más flexible" y un Bachillerato de tres años, y a ofrecer vías formativas "de acuerdo con los intereses, motivaciones y progresos de los alumnos". La iniciativa se ha debatido después de que el Gobierno haya corroborado su intención de acometer varios cambios en el sistema educativo, entre los que destacan los que afectan a la Educación Secundaria Obligatoria, que pasará a ser de tres años, y la ampliación a tres del Bachillerato y la FP de Grado Medio. El PP ha insistido sin embargo en la necesidad de mantener el carácter obligatorio y gratuito de las enseñanzas hasta los 16 años.
La diputada popular Sandra Moneo ha asegurado que la reforma que el Gobierno ha puesto sobre la mesa está "muy meditada" y que pretende combatir las "terribles" cifras de fracaso escolar que hay en España (del 30%) y de paro juvenil (de casi el 50%), y ha apuntado en ese sentido que todos los informes avalan que una mayor formación de los alumnos equivale a una menor tasa de desempleo. Moneo ha defendido la necesidad de acometer reformas educativas "desde la unidad, no desde la confrontación", y ha argumentado que el actual Bachillerato es uno de los más cortos de Europa y sin embargo uno de los que tiene una mayor carga lectiva, lo que impide –ha dicho– a los alumnos asimilar los conocimientos necesarios para afrontar estudios superiores.
No prosperaron las enmiendas del PSOE y de IU a favor de mantener la estructura actual del sistema educativo y de garantizar la enseñanza gratuita y obligatoria hasta los 16 años, y tampoco las ERC y Compromís-Q, que reivindicaron la apertura de un expediente informativo sobre los sucesos de Valencia y la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Jorge Fernández, ante la "alarma social" que ha causado, a su juicio, la actuación policial.
El socialista Mario Bedera, exsecretario de Estado de Educación y FP, ha defendido la equidad del sistema educativo español, y ha denunciado la "incongruencia" que supone empezar con 15 años un ciclo de Bachillerato del que sólo el primer curso será obligatorio. Bedera, quien ha condenado la "represión violenta" ocurrida en Valencia, se ha mostrado seguro de que la "contrarreforma" que propone el Gobierno pretende concertar con colegios privados los tres años del Bachillerato, y de que esta "involución" conlleva un plan para desmontar el sistema educativo público.
De "sorprendente y redundante" ha calificado María Caridad García Alvárez (IU) la iniciativa del PP, por instar al Gobierno a hacer lo que ya ha dicho que va a hacer, y ha criticado la "manipulación ideológica" que el PP hace de los informes educativos y su intención de crear "itinerarios basura" para segregar a los alumnos.
Martí Barberá (CiU) ha opinado que las reformas planteadas por el Gobierno y el PP tienen "más inconvenientes que ventajas" y que llevarán "más inestabilidad y dudas" a la educación, y Arantza Tapia (PNV) ha coincidido en que trasladará "incertidumbre" a las familias y en cuestionar la operatividad de los cambios, por prever poner fin a los 15 años a un ciclo el de ESO) y estar obligado sin embargo los alumnos obligados a cursar uno más "que no les va a aportar nada".
Desde el grupo Mixto, Joan Baldoví (Compromís-Q) y Teresa Jordá (EFC) han denunciado los sucesos de Valencia, que los estudiantes estén siendo tratados "como delincuentes", y que se considere "enemigos" a los jóvenes que salen a la calle a reivindicar mejoras en sus centros de enseñanza. Baldoví ha asegurado que ayer fue "golpeado y aporreado" en Valencia cuando participaba en una de esas concentraciones, y Jordá ha acusado a las autoridades de pretender instaurar un "régimen de terror organizado" con actuaciones policiales "desproporcionadas e indiscriminadas".
Se han repetido además las peticiones de dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, y del jefe superior de Policía en esta comunidad, Antonio Moreno, y varios portavoces (los de ERC y Compromís-Q) han mostrado desde la tribuna de oradores carteles con esa exigencia. Entre constantes llamadas de atención por parte del presidente de la Cámara, Jesús Posada, por derivar hacia esos sucesos el debate parlamentario, los portavoces de la oposición han coincidido al señalar que lo que está ocurriendo en Valencia evidencia el concepto de la educación y del "civismo" que tiene el Gobierno del PP.
La proposición no de ley defendida por el PP insta al Gobierno a implantar un modelo de Educación Secundaria "más flexible" y un Bachillerato de tres años, y a ofrecer vías formativas "de acuerdo con los intereses, motivaciones y progresos de los alumnos". La iniciativa se ha debatido después de que el Gobierno haya corroborado su intención de acometer varios cambios en el sistema educativo, entre los que destacan los que afectan a la Educación Secundaria Obligatoria, que pasará a ser de tres años, y la ampliación a tres del Bachillerato y la FP de Grado Medio. El PP ha insistido sin embargo en la necesidad de mantener el carácter obligatorio y gratuito de las enseñanzas hasta los 16 años.
La diputada popular Sandra Moneo ha asegurado que la reforma que el Gobierno ha puesto sobre la mesa está "muy meditada" y que pretende combatir las "terribles" cifras de fracaso escolar que hay en España (del 30%) y de paro juvenil (de casi el 50%), y ha apuntado en ese sentido que todos los informes avalan que una mayor formación de los alumnos equivale a una menor tasa de desempleo. Moneo ha defendido la necesidad de acometer reformas educativas "desde la unidad, no desde la confrontación", y ha argumentado que el actual Bachillerato es uno de los más cortos de Europa y sin embargo uno de los que tiene una mayor carga lectiva, lo que impide –ha dicho– a los alumnos asimilar los conocimientos necesarios para afrontar estudios superiores.
No prosperaron las enmiendas del PSOE y de IU a favor de mantener la estructura actual del sistema educativo y de garantizar la enseñanza gratuita y obligatoria hasta los 16 años, y tampoco las ERC y Compromís-Q, que reivindicaron la apertura de un expediente informativo sobre los sucesos de Valencia y la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Jorge Fernández, ante la "alarma social" que ha causado, a su juicio, la actuación policial.
El socialista Mario Bedera, exsecretario de Estado de Educación y FP, ha defendido la equidad del sistema educativo español, y ha denunciado la "incongruencia" que supone empezar con 15 años un ciclo de Bachillerato del que sólo el primer curso será obligatorio. Bedera, quien ha condenado la "represión violenta" ocurrida en Valencia, se ha mostrado seguro de que la "contrarreforma" que propone el Gobierno pretende concertar con colegios privados los tres años del Bachillerato, y de que esta "involución" conlleva un plan para desmontar el sistema educativo público.
De "sorprendente y redundante" ha calificado María Caridad García Alvárez (IU) la iniciativa del PP, por instar al Gobierno a hacer lo que ya ha dicho que va a hacer, y ha criticado la "manipulación ideológica" que el PP hace de los informes educativos y su intención de crear "itinerarios basura" para segregar a los alumnos.
Martí Barberá (CiU) ha opinado que las reformas planteadas por el Gobierno y el PP tienen "más inconvenientes que ventajas" y que llevarán "más inestabilidad y dudas" a la educación, y Arantza Tapia (PNV) ha coincidido en que trasladará "incertidumbre" a las familias y en cuestionar la operatividad de los cambios, por prever poner fin a los 15 años a un ciclo el de ESO) y estar obligado sin embargo los alumnos obligados a cursar uno más "que no les va a aportar nada".
Desde el grupo Mixto, Joan Baldoví (Compromís-Q) y Teresa Jordá (EFC) han denunciado los sucesos de Valencia, que los estudiantes estén siendo tratados "como delincuentes", y que se considere "enemigos" a los jóvenes que salen a la calle a reivindicar mejoras en sus centros de enseñanza. Baldoví ha asegurado que ayer fue "golpeado y aporreado" en Valencia cuando participaba en una de esas concentraciones, y Jordá ha acusado a las autoridades de pretender instaurar un "régimen de terror organizado" con actuaciones policiales "desproporcionadas e indiscriminadas".
Fuente: Magisnet.
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