Por Guillermo Dupuy.
No le falta razón al presidente de Convivencia Cívica Catalana,
Francisco Caja, cuando considera poco creíbles las recientes
declaraciones de José Ignacio Wert, en las que el ministro de Educación
aseguraba que el gobierno del PP mantendrá una "estricta vigilancia"
para que los padres que quieran escolarizar a sus hijos en español
puedan hacerlo en cualquier parte de España. Mi desconfianza en este
terreno hacia el gobierno de Rajoy no se basa únicamente en la forma en
la que el ministro adquirió ese supuesto compromiso, con "lengua de
trapo", como diría Caja, y sólo a requerimiento de la representante de
UPyD. Se basa fundamentalmente en lo que él ministro dijo a
continuación: "vamos a mantener una estricta vigilancia y una actitud
positiva para evitar que se repitan situaciones como las que hemos visto
en anteriores legislaturas, en las cuales ha llegado a ser cuestión de
litigiosidad, por parte de padres o asociaciones, este derecho a obtener
la educación en la lengua vehicular de preferencia".
¿Cómo vamos a confiar en que el Gobierno del PP le dé una solución si
en las propias manifestaciones del ministro no se reconoce la
persistencia del problema que constituye la institucionalizada y
liberticida inmersión lingüistica? La vulneración del derecho a obtener
la educación en la lengua vehicular de preferencia no es cosa de
legislaturas pasadas, tal y como quiere dar a entender el ministro, sino
que es algo que se sigue haciendo en Cataluña de manera tan sistemática
como impune. La cuestión no es, pues, "evitar que se repita", sino
conseguir que se acabe de una vez ese atropello
inconstitucional. Y esto no se conseguirá, como bien ha señalado Caja,
si el gobierno del PP lo que pretende es evitar la litigiosidad, en
lugar de cumplir y hacer cumplir las leyes.
Con todo, y por si las propias palabras del ministro no fueran suficientes para sembrar la más justificada de las desconfianzas, ahí está el silencio clamoroso que Rajoy mantuvo sobre este asunto al día siguiente, antes, durante y después de su entrevista con el presidente del gobierno autonómico catalán. Rajoy no sólo evitó sacar colación el clamoroso desacato al Tribunal Supremo en el que vive la Generalidad de Cataluña, sino que también guardó silencio cuando Artur Mas, a preguntas de los periodistas, se permitió encima decir desafiante que Rajoy "sabe que hay líneas rojas y que es mejor no pisarlas".
Dado que el gobierno autonómico no va a cumplir ni la ley ni las
sentencias, ni tampoco el gobierno del PP va a obligar a su
cumplimiento, me pregunto si esta vulneración de derechos civiles tan
elementales como la que nos ocupa va a formar parte de esa cultura
"cívica y constitucional" que Wert pretende impartir con la asignatura
que va a sustituir a "Educación para la ciudadanía".
Y es que el ejemplo que dan muchos de nuestros políticos no los hacen,
precisamente, los más indicados para señalar lo que hay que enseñar a
nuestros hijos.
Fuente: Libertad Digital.
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