El filofascismo educativo socialista

Por Vicente Lozano.

Si el Gobierno socialista defiende la asignatura Educación para la Ciudadanía porque, y cito textualmente de un reciente recurso de la abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, "la libertad ideológica del menor no puede quedar abandonada a lo que puedan decidir quienes tienen atribuida su guardia y custodia o su patria potestad", el Ejecutivo acaba de hacer añicos la Constitución en un asunto trascendental referente a los derechos humanos y a la libertad individual.

 

 

Porque nada está más lejos de ese planteamiento totalitario que el artículo 27 de la Carta Magna:

 

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

 

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

 

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

 

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

 

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

 

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca.

 

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las Leyes.

 

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca.

 

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la Ley establezca.

 

Frente a este artículo, incluido con muy buen criterio en la Sección sobre Derechos Individuales y Libertades Públicas, la abogacía del Estado defiende a las claras el mismo sistema educativo totalitario que imperó en España durante el franquismo: el Estado decide cómo se educa –me da igual que sea haciendo obligatoria la religión, la formación del espíritu nacional o la educación para la ciudadanía­– y los padres no tienen cabida en este sistema.

 

Por el contrario, la Constitución Española consagra una educación libre: libre para que los padres escojan lo que consideran mejor para sus hijos en función de sus convicciones; libre para que cualquiera que esté capacitado pueda erigir centros docentes, libre para impartir las enseñanzas éticas y morales que cada colectivo considere más adecuadas.

 

El Estado no es neutral cuando impone un determinado estilo educativo. Al contrario, se convierte en el elemento adoctrinador más repelente –por su apabullante capacidad coercitiva– cuando lo hace. El Estado es neutral cuando adopta unas normas básicas ­–el código de circulación en el caso del tráfico– y no se mete en si los ciudadanos marchan en moto, coche o bicicleta o si viajan por autovías, carreteras nacionales o caminos vecinales, siempre que respeten esas normas.

 

Estoy seguro de que el ministro de Educación habrá dado un salto en su sillón al leer el recurso de la abogacía del Estado y estará haciendo lo posible para arreglar este fiasco que ha llenado de desasosiego a todo español demócrata.

Fuente: El Mundo.