"Ciudadanía es una imposición del Estado contra los padres"

La conclusión principal del estudio de la University of Saint Thomas School of Law in Minneapolis establece que "el Tribunal Constitucional español debería revocar las sentencias del Tribunal Supremo y exigir una revisión de la asignatura o permitir la objeción de conciencia".

Marta Sánchez. Madrid

 

El debate sobre Educación para la Ciudadanía ha pasado del plano nacional al internacional. El conflicto surgido a raíz de la imposición de esta asignatura ha sido tema de investigación en la University of Saint Thomas School of Law in Minneapolis, en Minnesota (Estados Unidos) por considerarlo un “ejemplo de imposición del Estado frente a los derechos de los padres”. Como conclusión principal, este estudio establece que “el Tribunal Constitucional español debería revocar las sentencias del Tribunal Supremo y exigir una revisión de la asignatura o permitir la objeción de conciencia”. A este respecto añade que dicha imposición “no se sostiene cuando se acude al artículo 16 sobre libertad ideológica y religiosa o al apartado 27.3 de la Constitución española”.

 

Después de ser denunciada en el Parlamento Europeo, en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y en diferentes foros de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), numerosos juristas estadounidenses han mostrado su interés profesional por este asunto. En este sentido, destaca el trabajo elaborado recientemente por Krista J.Griffith, quien ha publicado un artículo bajo el título Luchando por las conciencias de los jóvenes españoles: la batalla en España entre los padres y el Estado en torno a la educación para la ciudadanía obligatoria. En él, Griffith explica que en España se ha producido un conflicto entre la potestad del Estado de obligar a cursar determinadas asignaturas y la resistencia de los padres objetores por entender que se trata de un “adoctrinamiento moral y religioso de carácter inconstitucional”.

 

Entre los distintos aspectos que se abordan en la investigación, destaca un análisis sobre los objetivos y contenidos impuestos en la LOE de 2006 y un estudio sobre las más de 55.000 objeciones de conciencia presentadas por padres que sostienen que se les está prohibiendo educar a sus hijos según sus propias convicciones morales.

Fuente: La Gaceta.