Un juez condena a reconocer el aprobado en EpC de una objetora

La sentencia reconoce que la asignatura “ha causado una notable polémica” .

 

ALFONSO MATEOS / Madrid 

 

Aprobado por orden judicial. Sacó un 6,9 en el examen de Educación para la Ciudadanía, pero el instituto la suspendió porque los trabajos realizados durante el curso, al que no acudió por una cuestión de conciencia, suponían el 40% de la nota final. Dos años después, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid obliga a aprobarla.

 

El escenario de este embrollo educativo es un instituto madrileño y los protagonistas unos padres, ambos docentes en centros públicos, que decidieron que sus tres hijos se acogieran a su derecho a la objeción de conciencia para no cursar Educación para la Ciudadanía (EpC).

 

De los tres, sólo la mayor debía afrontar la asignatura al comenzar 2º de ESO. Corría el curso 2008-2009 y las sentencias de tribunales superiores de Justicia provinciales avalaban a quienes objetaban a EpC. Sin embargo, cuando el Tribunal Supremo comenzó a quitarles la razón -en el primer trimestre de 2009-, los padres de la menor creyeron que era mejor que, pese a que no había ido a clase, hiciese el examen de junio.
 

Aunque la niña rozó el notable, el centro adujo que, de acuerdo con su normativa en materia de evaluación, la niña suspendía, pues el 6,9 sólo equivalía al 60% de la nota final.

 

Los padres recurrieron a la dirección del Área Territorial de Madrid Capital, que apoyó la decisión del centro. Iniciaron la vía judicial y han obtenido la razón; definitiva, pues la Comunidad de Madrid, según ha sabido este periódico, no recurrirá.

 

José Yusty Bastarreche, titular del juzgado encargado del caso, alega que no tiene sentido que los trabajos de clase cuenten en junio y no en septiembre, tratándose en ambos casos de exámenes finales. “Sería más difícil aprobar la asignatura en junio que en septiembre, lo que no tiene lógica alguna”, explica en la sentencia, en la que añade que “es un hecho notorio, que no necesita prueba, que la introducción de dicha asignatura en los planes de estudio ha causado una notable polémica”.

 

Comparte esta última idea María José García Patrón, directora general de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, que alerta de “la judicialización permanente que ha generado la asignatura”, hasta el punto de que “los centros están a la espera de determinadas sentencias”.

 

Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, asociación que ha asesorado jurídicamente en este caso, recuerda que hay 321 demandas agrupadas en el expediente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque podrían crecer. Además, insiste en que el “Tribunal Constitucional empieza a admitir a trámite recursos de amparo”, por lo que “todo podría cambiar”.

Fuente: El Mundo (28-01-11), edición impresa, pág. 15.