Por Luis Carbonel Pintanel, Presidente de CONCAPA.
19-01-11 - 05:19
La igualdad de trato no necesita ser invocada ni defendida por los que se atribuyen el talante social y progresista, porque la Constitución Española ya la reconoce en su artículo 14. Por tanto, legislar sobre este tema, además de innecesario, no es sino una excusa para distraer la atención de los graves problemas que acucian a la sociedad española (crisis económica, desempleo, deterioro educativo, restricción de libertades, etc.) provocando -otra vez- más crispación, como les gusta a quienes no resultan competentes para solucionar estos problemas.
En este caso el ataque distractor viene contra los colegios de educación diferenciada, alegando que segregan al alumnado por tratarse de centros donde estudian chicos o chicas en lugar de hacerlo conjuntamente, y se perpetra desde el talante del Ministerio de Sanidad e Igualdad, desde donde se pretende suprimir -todavía más- la reducida libertad de enseñanza de nuestro país, impidiendo la educación gratuita hasta los 16 años de los hijos de las familias que eligen esta modalidad pedagógica. Con ello se ataca a las familias más humildes, que no podrán costear el tipo de educación elegida. Por supuesto, todo es -una vez más- una gran mentira rodeada de gran aparato mediático y apoyada por las organizaciones “amigas” y obedientes de siempre.
La educación diferenciada ha estado presente en España desde antes de la aprobación de nuestra Carta Magna, señal inequívoca de que no ha supuesto ni supone discriminación alguna. Pero, además, tanto el Tribunal Supremo como la UNESCO afirman que no son discriminatorios este tipo de centros. Se trata de un modelo pedagógico internacionalmente aceptado: existen escuelas públicas diferenciadas en países como Estados Unidos, con objeto de que las familias con menos recursos también puedan acceder a este tipo de centros.
En unas recientes declaraciones, el político catalán Duran Lleida, ha considerado que denegar dinero público a este tipo de centros es anticonstitucional "y no es ninguna medida progresista", y que los asesores Barack Obama "reclaman este sistema como positivo, y los socialistas de Suecia ya aplicaron esta manera de hacer". Además, ha recordado que cuando CiU pactó la LOE con el PSOE "ya se contemplaba" financiar la educación diferenciada, por lo que hay que concluir que quien realmente estará discriminando será el Gobierno, si impide a las familias ejercer su derecho a elegir el modelo que quieren para sus hijos".
Hay un detalle importante que deja en evidencia la falsedad argumental del Gobierno y su empecinamiento en imponer a lo españoles su peculiar ideología: el desigual trato que sufren los alumnos que deciden matricularse en un colegio concertado en lugar de en uno público, que vienen obligados -al contrario que sus compañeros- a pagar su formación profesional o bachillerato, el comedor, el transporte escolar, etc. Si realmente se pretende la igualdad de trato ¡empecemos por lo más importante y concedamos iguales derechos y obligaciones a todos, sin discriminar a ninguno!
Resulta osado que quien discrimina se erija en adalid de la igualdad de trato porque, además, sin libertad de enseñanza, pluralismo y transparencia -notas esenciales de cualquier estado de derecho- resultará imposible mejorar la educación que está cada vez más necesitada de la práctica de esas cualidades.
Fuente: COPE.
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