Una norma para imponer la (des)igualdad educativa

Anteproyecto de la nueva Ley de Igualdad de trato: la vertiente educativa.

Tras conocer algunos detalles del anteproyecto de la Ley de Igualdad de trato que prepara el Gobierno, las principales plataformas educativas han denunciado que la norma impone, por ley, el maltrato a la escuela concertada y a la enseñanza diferenciada por sexos, y perpetúa la desigualdad educativa. Así, la ley es sólo un paso más en la Hoja de ruta, denunciada por Alfa y Omega en enero de 2010, con la que el Gobierno busca excluir del sistema educativo todo aquello que se oponga a su visión ideológica de la educación

 

La hostilidad del Gobierno contra la enseñanza concertada y la educación diferenciada por sexos no es nueva. Ya en enero de 2010, Alfa y Omega denunciaba el documento que marcaba la Hoja de ruta con que el Gobierno pretendía acabar con los conciertos educativos, a través de la asfixia económica, la inclusión de concejales y cargos políticos en los Consejos Escolares, o la negativa a conceder o renovar conciertos educativos si existen plazas en la escuela pública -aun a pesar de que los padres demanden ir a centros concertados-. Meses antes, en julio de 2009, este semanario también alertaba de los movimientos de ciertas Administraciones contra la educación separada por sexos, esgrimiendo que este tipo de enseñanza discrimina a los alumnos. 

 
Ahora, el Ministerio de Sanidad e Igualdad ha presentado el anteproyecto de la Ley de Igualdad de trato, que también tiene una vertiente educativa (como la del aborto), a pesar de que no haya sido auspiciada por el Ministerio de Educación. Esta vertiente ratifica el beligerante combate contra estos centros y esta concepción pedagógica, cuyo éxito avalan cientos de estudios científicos y la experiencia de países como Reino Unido, Alemania o Estados Unidos. Además, la UNESCO -en un documento ratificado por España-, la Unión Europea y el Tribunal Supremo no consideran la enseñanza separada como discriminatoria.

 

La ideología es el problema

 

Por tanto, el problema no es que el artículo 16.2 del anteproyecto imponga que, «en ningún caso, los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón alguna de las causas establecidas en esta Ley, podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública», sino que el Gobierno, siguiendo los postulados de la ideología de género, ha manifestado en no pocas ocasiones que considera discriminatoria esta enseñanza. De hecho, amparándose en esta máxima, el Gobierno de Cantabria retiró, en 2009, el concierto educativo al colegio Torrelvo -de educación separada-, y la Junta de Andalucía hizo lo propio con tres colegios cordobeses de educación separada.
 

Matar dos pájaros de un tiro

 

Como, en España, la enseñanza diferenciada sólo se imparte en colegios concertados, la nueva ley vuelve a castigar a este tipo de centros, al retirarles la financiación que perciben con los conciertos. Un dinero, por cierto, que no se otorga a la entidad titular del centro, sino que se entrega a los padres, en virtud del derecho constitucional a la gratuidad de la enseñanza obligatoria, pero que se canaliza a través de los centros. Así, con la nueva ley, el Gobierno mata dos pájaros de un tiro: retira conciertos y margina a la enseñanza diferenciada.

 

Las familias, perjudicadas

 

La asociación de padres de alumnos CONCAPA ha denunciado que «no se puede privar a las familias de su derecho fundamental a la gratuidad de la enseñanza, por elegir un tipo determinado de educación, en lugar de apoyar la pluralidad de opciones educativas, porque se perjudica a las familias más humildes que, al no existir escuelas públicas diferenciadas, pierden el derecho a escolarizar a sus hijos en un modelo educativo legítimo».

 

La discriminación real, soslayada

 

A través de un Comunicado, CONCAPA recuerda que «una discriminación que no se contempla en la ley y que, sin embargo, es flagrante, es el diferente trato recibido por los alumnos de la escuela pública y la concertada, puesto que los primeros reciben muchos más medios y dotaciones económicas, técnicas y profesionales. Si realmente se persigue una igualdad de trato, debería empezarse con esta cuestión, o con que todos los alumnos tengan acceso a la gratuidad del Bachillerato y la Formación Profesional». Aunque, si las prioridades educativas se soslayan, es porque, como expone CONCAPA, «estos planteamientos obedecen a consignas ideológicas que en nada contribuyen a mejorar la educación».

 

José Antonio Méndez.

 

Fuente: Alfa y Omega.