Por Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo.
Todos queremos ser iguales ante la ley, y que no se discrimine a nadie. Sin embargo, la nueva ley de Igualdad de trato, que prepara el Gobierno -cuyo anteproyecto se hizo público la semana pasada- esconde varios artículos de dudosa legitimidad, y que parecen encaminados a implantar por decreto la ideología de género y a perseguir cualquier manifestación en contra.
Una trabajadora social británica podría ser despedida por expresar sus opiniones acerca del síndrome postaborto; un matrimonio ha sido multado en el mismo país por negarse a dar alojamiento a una pareja homosexual... Lo que se ha instaurado en la Ley de igualdad británica, pretende implantar en España la nueva ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, cuyo anteproyecto se hizo público la semana pasada. Bajo los buenos propósitos de respetar la igualdad de todos ante la ley, el texto impone un nuevo derecho: el derecho a la igualdad por orientación sexual. De este modo, se blindaría legalmente la implantación de la ideología de género y se perseguiría cualquier voz en contra.
Una trabajadora social británica podría ser despedida por expresar sus opiniones acerca del síndrome postaborto; un matrimonio ha sido multado en el mismo país por negarse a dar alojamiento a una pareja homosexual... Lo que se ha instaurado en la Ley de igualdad británica, pretende implantar en España la nueva ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, cuyo anteproyecto se hizo público la semana pasada. Bajo los buenos propósitos de respetar la igualdad de todos ante la ley, el texto impone un nuevo derecho: el derecho a la igualdad por orientación sexual. De este modo, se blindaría legalmente la implantación de la ideología de género y se perseguiría cualquier voz en contra.
Además de sus repercusiones en el ámbito educativo (ver página anterior), entre los artículos del anteproyecto más cuestionables se encuentran los que instan a los medios de comunicación a respetar el derecho a la igualdad de trato, con lo que se crearía una especie de delito de opinión; además, en cualquier litigio por motivo de igualdad, la carga de la prueba recaería sobre la parte denunciada, con lo que se elimina la presunción de inocencia (el acusado debería demostrar que no ha discriminado a nadie); y se crea además una fiscalía especial que perseguiría estos delitos.
El Presidente del Foro Español de la Familia, don Benigno Blanco, ha denunciado que el nuevo texto es «un intento de dar un paso más en limitar determinadas libertades ideológicas o de pensamiento». Asimismo, ha asegurado que el plan del Gobierno para inculcar la ideología de género ha pasado ya por las dos primeras fases: cambiar los valores morales de las leyes en materia de familia y sexualidad; e intentar imponerlo en la escuela. Es el caso de la asignatura Educación para la ciudadanía y la nueva asignatura de educación sexual con perspectiva de género que prevé la nueva Ley del aborto. En esta nueva fase, con la ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, «se va a intentar limitar o cercenar la libertad de pensamiento y de actuación de quienes no compartimos esos valores ideológicos que han incorporado a las leyes y al sistema educativo», ha denunciado.
Fuente: Alfa y Omega.
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