martes, 18 de enero de 2011

Contra la libertad de enseñanza en nombre de la igualdad de trato

Comunicado de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE).
 
La presentación por parte del Gobierno del “Anteproyecto de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación”, constituye un ataque a la Libertad de Enseñanza y al derecho fundamental a la educación.
 
Dicho anteproyecto establece en su art. 16.2: En ningún caso los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en esta Ley, podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública”.
 
Con ello el Gobierno pretende impedir que los centros denominados de educación diferenciada puedan beneficiarse de los conciertos educativos.
 
FSIE defiende que la educación es un derecho fundamental que los poderes públicos deben asegurar respetando la libertad de creación y dirección  de centros y garantizando el derecho de los padres a elegir la escuela para sus hijos, de acuerdo con sus convicciones morales, religiosas, filosóficas y pedagógicas, sin más límites que los impuestos por el ordenamiento constitucional.
 
FSIE entiende que haya padres que haciendo uso de su libertad para elegir el tipo de educación para sus hijos opten por la educación diferenciada.
 
El Gobierno de España ha ratificado la “Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza”. En su artículo 2 se señala que “no es discriminatorio la creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino, siempre que estos sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente cualificado, así como de locales escolares y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas equivalentes”.
 
La educación diferenciada no excluye ni discrimina por razón de sexo, tal y como el propio Gobierno sostiene con su ratificación del Convenio de la UNESCO y, por lo tanto, tiene pleno derecho, legal y legítimo, a recibir subvenciones públicas, entre ellas, el concierto educativo.
 
Es la tercera ocasión en la que el Gobierno utiliza otros ministerios distintos al de Educación para introducir modificaciones, contenidos curriculares o nuevas regulaciones en el sistema educativo. Lo ha hecho con la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y con la futura Ley de Economía Sostenible. Con ello el Ministerio de Educación pone de manifiesto su capacidad de decisión y gestión del sistema educativo y su voluntad de debatir y acordar con los representantes de la comunidad educativa las cuestiones relacionadas con la educación.
 
Ahora son los centros de educación diferenciada, luego serán los centros con ideario religioso, luego los que tengan un ideario o proyecto educativo distinto al del Gobierno y así hasta que no haya más que una escuela: el Estado.
 
El Gobierno sigue creando problemas donde no los hay y sigue sin solucionar los que sí existen: el fracaso escolar y el abandono de las aulas. Este Gobierno progresista sigue cercenando libertades y derechos imposibilitando cualquier Pacto Educativo. Si este Proyecto es definitivamente aprobado en los términos en los que se ha presentado, la Educación estará otra vez necesariamente en los tribunales.

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Fuente: FSIE.

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