El PSOE prepara su ley de blasfemia

Por Victoria Llopis.

Desde que Moncloa emitió el 7 de enero la nota de prensa informando del anteproyecto de ley "antihumillaciones" impulsado por la ministra Pajín, la red se ha desparramado con todo tipo de chanzas al respecto: "multarán por llamar feo", prohibirán los piropos... Pero según se va leyendo más gente el siniestro anteproyecto, van saltando las alarmas: los colegios con la opción pedagógica de educación diferenciada serán excluidos de los conciertos, no podrás negarte a alquilar tu casa a, por ejemplo, un inmigrante sin trabajo, podrán cerrarse empresas que "discriminen", etc, etc. Como bien apunta la redactora de la noticia, teniendo en cuenta que esta ley se aplicaría prácticamente en todos los ámbitos –empleo, asociaciones de todo tipo, educación, sanidad, servicios sociales, bienes y servicios y medios de comunicación–, no habrá parcela libre de la amenaza de cierre o fin de actividad si comete una infracción que sea considerada como "extraordinaria".

 

Como la motivación oficial, al parecer, es evitar las humillaciones a los españoles, nos preguntamos: ¿es que hasta el anteproyecto Pajín los españoles estábamos humillados? ¿No teníamos quién nos defendiera? Es obvio que la Constitución española y su ordenamiento jurídico tenían suficientes instrumentos para impedir y castigar humillaciones y discriminaciones objetivas en cualquier campo. Por ahí no va el tema, pues. Lo confirma también el hecho de que esté contemplada una "Autoridad para la Igualdad de Trato y no Discriminación", que al artículo 38 del anteproyecto prevé sea "organismo público de carácter unipersonal", y que –échense a temblar– tendrá potestad para investigar, por iniciativa propia, la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad o relevancia. También tendrá la facultad de ejercitar acciones judiciales, de solicitar la intervención de las administraciones y la Fiscalía. O sea, un super-comisario político, por encima del sistema judicial. Para rematar la amenaza, se contempla la llamada "inversión de la carga de la prueba", es decir, fin de la presunción de inocencia; cualquier acusado de haber discriminado a alguien, tendrá que demostrar que no lo ha hecho.

 

Algunos empiezan a ver que, curiosamente, gracias a esta ley-Pajín, se tendría que derogar, por ejemplo, la actual ley antitabaco, porque los fumadores estarían discriminados si quisieran fumar en cualquier local público, y eso no se puede consentir. La esquizofrenia y pulsión totalitaria de estos necios lleva a estas paradojas.

 

Como la Sra. Pajín invocó para presentar las bondades de su anteproyecto, ¡cómo no! a los países de nuestro entorno, vamos a ver algunos ejemplos prácticos de qué se hace por Europa y Estados Unidos con normas de este tipo llevadas hasta el extremo por los particulares talibanes que las promueven e interpretan. Y digo talibanes porque éste es justamente el punto clave: la motivación última es impedir en la sociedad la libertad de opinar, actuar y moverse con criterios diferentes de los propugnados por la "nueva religión" que empieza a imponerse en Occidente, y que gira en torno a tres parámetros fundamentales: laicismo agresivo con tintes cada vez más claros de cristianofobia, feminismo de género con promoción de la agenda del lobby gay, y odio a la sociedad abierta y el libre mercado.

 

Uno de los primeros casos que ya en 2004 alcanzó notoriedad fue el del pastor luterano Ake Green, que fue condenado a la cárcel por predicar en su iglesia sobre el pasaje de la Carta de San Pablo a los Corintios sobre la homosexualidad. Aunque se limitó a exponer la doctrina de San Pablo, fue denunciado y condenado por "incitación a la violencia".

 

En marzo de 2007 una asociación metodista de New Jersey no quiso dejar sus locales privados, que tenían unas bonitas vistas al mar, a unas lesbianas para que celebraran en ellos su "boda". El tribunal falló que la asociación había violado las leyes anti-discriminación de New Jersey, aunque admitía que se trataba de una propiedad privada.

 

En febrero de 2008, se multó con 63.000 euros a un obispo anglicano que se negó a contratar como monitor de jóvenes a un hombre homosexual, entendiendo que era una discriminación por razón de orientación sexual, sin atender a las razones del obispo: no quería contratar para cargos de confianza en las actividades de su iglesia a personas que están en contra de la moral cristiana.

 

El año pasado, un padre de familia americano terminó siendo encarcelado por pedir que en el colegio no inculcaran a su hijo de 5 años que las uniones homosexuales eran moralmente aceptables, porque eso iba a contra de sus convicciones.

 

Hace un año, la ministra de Igualdad británica soltó un globo-sonda similar, anunciando un proyecto de ley que expresamente tenía en el punto de mira a la Iglesia Católica en el país, y pretendía obligar a la jerarquía a no impedir que sus sacerdotes puedan casarse, tener abiertas conductas homosexuales, realicen operaciones de cambio de sexo, mantengan estilos de vida abiertamente promiscuos o realicen cualquier otro tipo de actividades que sean reconocidas como formas legales de expresión sexual. Y naturalmente, no podrán rechazar como candidatas a mujeres que se presenten para ser ordenadas. No hemos vuelto a tener más noticias del tema; suponemos que se debe a que la sociedad y la clase política británica no han perdido completamente la cordura.

 

Sin haberse aprobado aún la ley Pajín, en España ya es palpable que no hay libre circulación de ideas, si éstas chocan con la "nueva religión", como ha ocurrido también hace unos días en la Universidad de Sevilla, donde se ha impedido que se promocionara el libro de un terapeuta americano. La diputada Rosa Díez, el escritor Pío Moa, y otros muchos relevantes "disidentes" del discurso oficial hace tiempo que son violentamente acallados en sedes universitarias. Las razones son distintas del motivo tratado en este artículo, pero el clima que los propicia es hijo del mismo humus ideológico talibán que inspira a la Sra. Pajín y al Gobierno de Rodríguez Zapatero.

 

"¿Qué ha hecho Mahoma por vosotras?". Esta simple pregunta ha condenado a muerte a la cristiana Asia Bibi, a tenor de lo que prevé la ley de blasfemia que marca en Pakistán una línea roja: todo lo que cuestione al islam, merece la muerte.

 

En España, todo lo que cuestione al laicismo radical, al lobby gay, al intervencionismo estatal asfixiante va a merecer la cárcel, la multa, la muerte civil.

 

El PSOE prepara su ley de blasfemia. Si se aprobara, la libertad de pensamiento, opinión y expresión, y el derecho a la propiedad privada habrán muerto definitivamente en España.

Fuente: Libertad Digital.