El Abogado del Estado reconoce que Educación para la Ciudadanía es una moral estatal

Asegura que de la Constitución no se desprende que "la Educación o las virtudes cívicas deba considerarse monopolio de los padres".

En el marco del recurso de unos padres objetores a Educación para la Ciudadanía ante el Tribunal Constitucional, el Abogado del Estado ha defendido, como argumentos en favor de la asignatura, que "la concepción filosófica que presupone la democracia es el relativismo", que "mañana podría objetarse la asignatura Ciencias de la Naturaleza, porque se explica en ella la teoría de la evolución, incompatible con la letra del relato bíblico de la Creación", que "el principio pluralista de un Estado democrático exige ciudadanos capaces de juicios morales autónomos" o que "de la Constitución no se desprende que "la Educación o las virtudes cívicas deba considerarse monopolio de los padres".

"No podíamos esperar –afirma Leonor Tamayo, de Profesionales por la Ética– que la propia Abogacía del Estado reconociera por escrito y ante el Tribunal Constitucional, que Educación para la Ciudadanía es una moral de Estado destinada a formar a los alumnos en relativismo ético. Nos sorprende que equipare Educación para la Ciudadanía a disciplinas académicas que transmiten conocimientos; Educación para la Ciudadanía enseña a los alumnos, desde los 10 a los 17 años, que no hay bien ni mal, que todo es relativo en el terreno ético y que cada uno tiene su propia moral. Otras asignaturas muestran conocimientos de manera objetiva pero no pretenden que los menores cambien sus valores o se adhieran existencialmente a ellos".

 
Tamayo ha anunciado que Profesionales por la Ética va a traducir las alegaciones del Abogado del Estado al francés y al inglés para exponerlos en foros internacionales como ejemplo del carácter adoctrinador de Educación para la Ciudadanía. "Las afirmaciones del Abogado del Estado –asegura– respaldan, por ejemplo, la demanda de 321 españoles a los que estamos asesorando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo".

Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Tratado de Lisboa y la propia Constitución Española confirman que los poderes públicos garantizarán que los padres puedan educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas. Profesionales por la Ética ha promovido la demanda de 321 objetores a Educación para la Ciudadanía ante el Tribunal de Estrasburgo y ha denunciado el carácter adoctrinador de estas asignaturas en diversas reuniones de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa y en el Parlamento Europeo.

Por su parte, según la Plataforma de Objetores, "las alegaciones del Abogado del Estado dan por supuesta la primacía del Estado sobre los padres en materia educativa y el carácter relativista del sistema democrático que ampara así cualquier decisión legislativa". A partir de estos supuestos niega el derecho a la objeción de conciencia, declara explícitamente el carácter moralizador de la asignatura y llega a insinuar que son "los padres demandantes y no el Estado quienes pueden estar adoctrinando a su hija en contra de la voluntad de esta".

Objetores.org considera una "burla y una provocación el tratamiento que el letrado hace de la objeción de conciencia y los derechos y deberes familiares en el ámbito educativo".

Y señala que "convierte en papel mojado" el derecho a la objeción de conciencia pues afirma que este derecho que pretenden ejercer los padres demandantes, si bien está reconocido genéricamente por la Constitución, “no está reconocido expresamente ni en la Constitución ni en la ley, sin lo que no existe como genuina objeción de conciencia”. "Es tan ridículo pretender que la Constitución prevea todas las posibles objeciones generadas por la legislación como exigir, para su ejercicio, el correspondiente reconocimiento expreso en la ley que genera el conflicto de conciencia", dice la plataforma.

Por otro lado, declara explícitamente el carácter moralizador de la asignatura, que no se limita a la transmisión de conocimientos: “La Educación no es solo transmisión de conocimientos sino formación de las emociones y los sentimientos”. El "problema", para estos objetores, estriba en que sea el Estado y no el ámbito familiar "quien procure una formación emocional, práctica recurrente de los regímenes totalitarios".

En tercer lugar, "antepone la tutela del Estado a la de la propia familia como garante de los derechos de los menores. Llega a insinuar que quizá sean los padres quienes vulneran el derecho de su hija “a no compartir las convicciones de sus padres o a no sufrir sus actos de proselitismo”. Más aún: "el estatuto del menor es, sin duda, una norma de orden público, de inexcusable observancia para todos los poderes públicos". Esta concepción de la educación familiar como “proselitismo” amenazante y del Estado como garante de las libertades de los hijos frente a sus padres pone claramente de manifiesto el "carácter totalitario de quienes consideran a los menores dependientes, primordialmente, del Estado, y sólo de modo subsidiario de su familia", dicen los objetores.

La plataforma alerta a todos los padres, "ante estas explícitas declaraciones de quien representa en esta causa al Estado, de la deriva totalitaria que están tomando las políticas educativas del Gobierno que suponen un recorte evidente de los derechos y deberes de las familias en la tarea de educar a sus hijos".

  

Fuente: Magisnet.