El 80 por ciento de los padres elige educación concertada para sus hijos, pero solo un 26 por ciento consigue plaza en un centro de este tipo.
Por M.ª del Pilar Blázquez y David Amat
“No tenemos más opción que llevar a nuestra hija a un colegio que no queremos”. Este es el drama que viven en estas fechas muchos padres que, queriendo una educación católica y concertada para sus hijos, no tienen otra alternativa que matricularles en el colegio público que les asigna el Estado, porque no tienen puntos suficientes para acceder al centro que desean. El cheque escolar o las nuevas deducciones fiscales que ofrece la Comunidad de Madrid podrían ser la solución a este dolor de cabeza para tantos padres.
Carlos Català y Arantxa Saborit son un joven matrimonio del municipio valenciano de Mislata. El próximo será el tercer curso que llevan intentando matricular a su hija mayor, Cristina, en el colegio Sagrado Corazón, el único centro concertado católico de la zona. “Hay otro concertado en el pueblo, pero no es religioso y queremos que nuestra hija se eduque en los valores que compartimos”, expone Carlos. Sin embargo, la falta de los puntos necesarios no les ha dejado más opción que la de escolarizar a su hija en el centro público.
Tanto los colegios públicos como los concertados se rigen por un sistema de puntos para seleccionar a los alumnos que estudiarán en sus aulas. El baremo es distinto en cada comunidad autónoma, pero generalmente se tienen en cuenta aspectos como el número de hermanos que ya estudian en el centro al que se quiere llevar al niño, si el domicilio familiar o laboral está en la zona de influencia del colegio o si el educando tiene alguna discapacidad. Las familias que optan a un mismo centro compiten entre ellas para la obtención de plaza, de modo que la que tiene más puntos se lleva el gato al agua, mientras que el resto de familias deben conformarse con el centro público que se les asigne.
El problema de fondo es que no existen suficientes plazas concertadas para cubrir toda la demanda de los padres, ya que el Estado da prioridad a la financiación de la educación pública. María Calvo, del departamento de Derecho Público de la Universidad Carlos III de Madrid, asegura que “la mayoría de los padres se inclina por el modelo concertado. Cerca del 80 por ciento de las solicitudes está dirigida a escuelas de este tipo. A pesar de esto, la educación pública sigue siendo la que obtiene más fondos: un 80 por ciento del total”. Según la docente, este hecho se contradice con la libertad de elección que reconoce el Tribunal Constitucional. “La educación es un derecho, no un monopolio del Estado. No se puede imponer un modelo concreto”, explica.
Pero la realidad es que el Estado está imponiendo un modelo de educación público y laico a muchos padres que, como Carlos y Arantxa, desean que sus hijos reciban una formación católica en un centro concertado. También es el caso de Jacob Bolinches y Rebeca de Miguel, quienes han tenido que llevar a su hija Yael a un colegio público aunque hubieran querido matricularla en uno católico concertado. “No tenemos más opción que llevarla donde no queremos. Este año ha habido más niños que plazas en los colegios del pueblo, así que han tenido que construir barracones para que cupiesen todos”, aseguran.
En busca de salida
Para solucionar el dilema, Luis Centeno, director del departamento Jurídico de Escuelas Católicas, insiste en la importancia de “reconocer el derecho constitucional de que sean creados centros en toda su amplitud, el derecho de las familias a elegir el tipo de centro que desean para sus hijos y a que los centros concertados sean dotados de los recursos económicos suficientes para que puedan cumplir su compromiso de impartición de las enseñanzas gratuitas en condiciones de calidad”. De continuar las restricciones, seguirán existiendo los padres que no se resistan a la tentación de falsear el domicilio familiar, la renta o incluso separarse ficticiamente para obtener más puntos. La solución a esta picaresca, indica Mariano del Castillo, del Instituto de Técnicas Educativas de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), es “promover las condiciones adecuadas para que se pueda hablar de libertad de elección real”. El especialista comenta que, según un estudio de la CECE en el curso anterior, el porcentaje de alumnos que acudía a centros concertados era del 25,85 por ciento, el de centros privados, de un 6,50 por ciento y el de la escuela pública un 67,65 por ciento.
Si la demanda de plazas en colegios concertados aumenta cada año, ¿qué hacer entonces para que haya auténtica libertad de elección? Calvo considera que parte de la solución está en la “desideologización” de la enseñanza: “Para los ilustrados, la educación era el camino hacia la libertad del individuo. Para el actual Gobierno, la educación es la forma de controlarlo...”. Según la docente, “el poder público no puede ignorar a esos miles de padres que desean una educación con ideario propio para sus hijos. ¿Acaso el Estado sabe mejor que los padres lo que conviene a sus hijos?”
Otros modelos
1. El modelo finlandés
Frente al problema de la libertad de elección de los padres, José Castro, portavoz de ChequeEscolar.org y vicepresidente de la plataforma HazteOir.org, propone acudir al modelo finlandés. En este sistema “los padres son los que eligen el colegio que mejor se adapta a sus preferencias morales, pedagógicas o culturales. Una vez que se elige el colegio, recibe la financiación correspondiente a la plaza escolar que le han solicitado”. En este modelo también se otorga autonomía a los centros, que pueden establecer sus propios contenidos curriculares para ser más competitivos y responder a las expectativas de los padres. “Nuevamente serán los padres quienes decidan qué metodología es apropiada para sus hijos”, explica Castro.
2. El cheque escolar
José Castro propone un sistema de financiación por el cual el Estado, en vez de subvencionar a los colegios, concede a las familias una cantidad de dinero por cada hijo en edad escolar con el que podrá costear sus estudios en cualquier centro de su elección. El cheque escolar “hace real la libertad de elección, aumenta la igualdad de oportunidades, permite a los centros tener asegurada la financiación, aumenta la calidad e impide el control político sobre los centros y sus contenidos”. Este modelo se ha probado con éxito en varios estados de EE UU y en algunos países europeos. Hasta ahora en España solo se ha implementado en la Comunidad Valenciana para la educación infantil.
3. Desgravación fiscal en centros privados
Una iniciativa de la Comunidad de Madrid busca que más familias lleven a sus hijos a colegios privados. A partir de este curso, la desgravación fiscal por niño escolarizado en colegio privado pasa de 500€ a un máximo de 900€ en concepto de matrícula, uniforme, ropa deportiva y clases de inglés extraescolares, aunque la cantidad otorgada se minoraría en el importe de becas obtenidas. Los beneficiarios son todas las familias con rentas anuales inferiores a 30.000€ por cada miembro de la familia. Aún los costes no son equiparables con los de un colegio concertado, pero iniciativas fiscales en esta dirección podrían promover la creación de más escuelas privadas que estén al alcance del presupuesto de más familias.
Fuente: Revista Misión n.º 20 (págs. 24 y 25).
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