Una ley que discrimina a las familias y nos aísla de Europa

El Gobierno aprueba el anteproyecto de la Ley de Igualdad de trato y no discriminación.

 

El pasado viernes, en pleno maremagnum político y mediático por la designación de Alfredo Pérez Rubalcaba como posible candidato socialista a las próximas elecciones, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de Igualdad de trato y no discriminación, pergeñado cuando aún existía el Ministerio de Igualdad. De entrar en vigor, la norma supondría una discriminación contra los colegios concertados de educación diferenciada, perjudicaría a miles de familias, iría contra los Acuerdos internacionales firmados por España y haría de nuestro país una excepción en Europa.

 

Tener un sistema educativo similar al de nuestros vecinos europeos es una de las máximas por las que se han aplicado en España reformas como el Plan Bolonia, en la Universidad, o por la que nuestro país busca escalar posiciones en el informe PISA. Sin embargo, el Consejo de Ministros aprobó, el pasado viernes, el anteproyecto de la Ley de Igualdad de trato y no discriminación, que, si llega a aprobarse, supondría una discriminación contra miles de familias, contravendría Acuerdos internacionales ratificados por España y nos convertiría en una isla educativa dentro de la UE.

 

Una triste excepción en Europa

  

Así se deduce del Informe que ha elaborado el Consejo de Estado y que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad esgrime para defender la legitimidad de esta norma. Este documento reconoce que todos los países de la Unión Europea que tienen leyes sobre Igualdad (Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Portugal) excluyen la educación diferenciada de las áreas en las que se reconoce discriminación. Además, la directiva del Consejo de Europa sobre discriminación, y la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, de la UNESCO, ambas ratificadas por España, explican que este tipo de enseñanza no discrimina.

  

El artículo 16.2 del anteproyecto, sin embargo, impone que, «en ningún caso, los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales, en razón de algunas de las causas establecidas en esta Ley, podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública». Dicho de otro modo: los 150 colegios concertados de educación diferenciada que hay en España no podrán recibir financiación pública. Esto obligaría a los centros a convertirse en privados o en mixtos, y a las 16.000 familias que eligen este modelo en nuestro país, a renunciar a la educación que quieren para sus hijos, o a la gratuidad de la enseñanza que reconoce la Constitución.

  

¿Una ley que no verá la luz?

  

Don Luis Centeno, Director del Departamento Jurídico de FERE-CECA, explica que «esta ley no respeta el marco legal establecido por Tratados internacionales, la Constitución, e incluso la LOE, que dice que los centros de coeducación recibirán un trato preferente, sin que eso implique perjudicar a los de educación diferenciada». Centeno se pregunta que, «si este modelo pedagógico discriminase o fuese inconstitucional, tendría que ser ilegal, pero si no es ilegal, ¿por qué no se trata en igualdad de condiciones a las miles de familias que optan por ella, y a los centros que la imparten?».

  

Además, cabe preguntarse cuándo y cómo entraría en vigor la ley. Fuentes del Congreso han confirmado para Alfa y Omega que, aunque se le ha dado un tratamiento de urgencia, «lo normal es que el texto se estudie durante un par de meses en el Congreso y otro par en el Senado, y, con las vacaciones de por medio, nos pondríamos en 2012», a pocos meses de las elecciones generales y de un posible cambio de Gobierno, que podría derogar tan polémica ley. Por tanto, de aprobarse, la norma no sólo no afectará a los colegios en el próximo curso, sino que quizá nunca lo haga.

  

José Antonio Méndez

  

El Gran Hermano ya está aquí

  

Las patronales empresariales, los colegios concertados, los medios de comunicación, las plataformas cívicas...: el nuevo anteproyecto de Ley de Igualdad no contenta a nadie, porque se inmiscuye de manera totalitaria en la libertad con la que una institución o particular gestiona sus asuntos. El texto favorece un clima de sospecha general, así como de escrúpulos, al favorecer la duda continua sobre si uno está incurriendo o no en delito de discriminación al alquilar o vender su vivienda, al contratar o rechazar los servicios de un trabajador, al escribir o publicar o no determinadas opiniones, etc. Este último punto es especialmente relevante, ya que prohíbe cualquier opinión disidente de lo políticamente correcto en materia de moral. Con la nueva ley, alguien podría denunciar a cualquiera que defendiera que una pareja homosexual no puede adoptar niños, por ejemplo.

  

Además de instaurar el delito de opinión, la carga de la prueba recae sobre la parte demandada: es el denunciado quien debe probar que no incurrió en discriminación. Sólo hay un aspecto en el que, explícitamente, no se inmiscuye la ley: la discriminación por lengua. Se puede seguir discriminando a quien use el castellano en según qué regiones de España.

  

J.L.V.D-M.

 

Fuente: Alfa y Omega.