Por Luis Carbonel, presidente de CONCAPA.
La igualdad de trato no necesita ser invocada ni defendida por los que se atribuyen el talante social y progresista, porque la Constitución Española ya la reconoce en su artículo 14.
Por tanto, legislar sobre este tema, además de innecesario, no es sino una excusa para distraer la atención de los graves problemas que acucian a la sociedad española (crisis, desempleo...), provocando crispación, como les gusta a quienes no resultan competentes para solucionar estos problemas. En este caso, el ataque distractor viene contra los colegios de educación diferenciada, alegando que segregan al alumnado por tratarse de centros donde estudian chicos o chicas en lugar de hacerlo conjuntamente, y se perpetra desde el talante del Ministerio de Sanidad e Igualdad, desde donde se pretende suprimir la reducida libertad de enseñanza de nuestro país, impidiendo la educación gratuita hasta los 16 años de los hijos de las familias que eligen esta modalidad pedagógica. La educación diferenciada ha estado presente en España desde antes de la aprobación de nuestra Carta Magna, señal inequívoca de que no ha supuesto ni supone discriminación alguna. En unas recientes declaraciones, el político catalán Duran Lleida, ha considerado que denegar dinero público a este tipo de centros es anticonstitucional «y no es ninguna medida progresista», y que los asesores de Barack Obama «reclaman este sistema como positivo, y los socialistas de Suecia ya aplicaron esta manera de hacer».
Fuente: La Razón.
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