El Consell fomenta la concesión de suelo público para centros concertados y primará a aquellos que supongan eliminar aulas prefabricadas.
ROSANA B. CRESPO / VALENCIA
Día 07/09/2011
El conseller de Educación, José Císcar, anunció ayer un Plan de Choque para conseguir la eliminación definitiva de las aulas prefabricadas –conocidas como «barracones»– en las que actualmente estudian entre 18.000 y 19.000 alumnos de la Comunidad Valenciana.
Císcar explicó que, en respuesta a una petición expresa del presidente de la Generalitat Alberto Fabra, las tres direcciones territoriales de la Conselleria están llevando a cabo un trabajo de campo exhaustivo en todos los centros de cada uno de los municipios para «conocer la realidad» y «diseñar un plan individualizado que incluye la eliminación de las aulas prefabricadas».
El estudio, que se encuentra prácticamente terminado, distingue aquellas que están dedicadas a la docencia y las que cumplen otras funciones. Las que llevan más de diez años en funcionamiento –calificadas como «crónicas»– serán las primeras en eliminarse.
Con esta iniciativa, la Generalitat pretende ofrecer solución a uno de los problemas endémicos del sistema educativo valenciano, que ha sido además la principal fuente de críticas por parte de sindicatos y asociaciones de padres en los últimos años.
El titular de Educación explicó que «la solución no tiene por qué ser la misma para todas las localidades» y señaló que los barracones –«que cumplen con la ley»– se han levantado «como consecuencia del aumento demográfico de los últimos años», añadido a «una población escolar que ha desbordado todas las previsiones y que no permitía construir al mismo ritmo».
Construcción de CIS
Además de la eliminación de las aulas prefabricadas, la conselleria de Educación pondrá en marcha durante el curso que arranca mañana la construcción de Centros de Iniciativa Escolar (CIS) para terminar con el «desequilibrio» que existe entre las instalaciones escolares públicas y las privadas/concertadas.
La Conselleria expedirá concesiones administrativas a empresas privadas durante un periodo de 75 años para la construcción y gestión de centros educativos en suelo público. No obstante, esta práctica se limitará a las localidades donde exista una «necesidad real».
Libertad de elección
El objetivo principal pasa por conseguir que los padres «tengan libertad para elegir dónde quieren escolarizar a sus hijos». Además, entre los criterios para la emisión de concesiones primarán aquellos centros cuya construcción suponga la eliminación de barracones. Por ahora, son cinco los CIS cuya apertura está prevista para el próximo año, aunque la Conselleria prevé que esta cifra se eleve finalmente. En cuanto al desequilibrio entre la oferta de centros concertados y públicos, Císcar concretó que en la Comunidad Valencia apenas un tercio de las instalaciones escolares pertenecen al primer grupo.
La Generalitat descarta igualar la proporción, pero pretende que «esta diferencia se desacelere». Todo ello, según el titular de Educación, «no significa que vayan a dejar de construirse centros públicos, aunque es cierto que no se hará al ritmo de los últimos años debido a la situación económica». Por este motivo, hizo hincapié en que si todos los alumnos de los concertados o privados se fuesen a los públicos, «supondría para la Administración un gasto de 600 millones de euros más».
Contratos Programa
El Plan de Choque anunciado ayer también contempla la lucha contra el fracaso escolar. Una de las iniciativas más destacadas en este sentido es la implantación de Contratos Programa tanto para privados como públicos, aunque con especial incidencia en estos últimos.
De este modo, cada centro docente se comprometería a cumplir unos objetivos con la Conselleria, quien le otorgaría los recursos en función de su cumplimientos. El contrato programa da respuesta a la demanda planteada por los propios centro, que lo consideran «un estímulo contra el fracaso escolar».
Fuente: ABC.
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