Deuda pública y educación

Por Juan Manuel de Prada.

 

Estrenamos curso escolar con “malas vibraciones”. La quiebra del erario público, tras años o décadas de dispendios enloquecedores, y la bancarrota del sistema financiero acabarán pasando factura a la educación; en realidad ya se la están pasando.

 

La reforma constitucional acordada por los dos grandes partidos se nos ha vendido como un mero “control del déficit” y del gasto público, que no afecta a los derechos recogidos en la sección primera del capítulo II del Título I de la Carta Magna. ¡A otro ratón con ese queso! El derecho a la educación se cuenta entre los derechos “especialmente protegidos” de la Constitución, cuya reforma exige un procedimiento agravado; pero la reforma constitucional acordada por los dos grandes partidos, al establecer que el volumen de deuda pública no podrá superar “el valor de referencia establecido en el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea” está en realidad permitiendo restringir el gasto público aun en aquellas materias conexas con los derechos fundamentales más protegidos. Se trata, en realidad, de una mutación constitucional encubierta.

 

Y es que el “derecho a la educación” no es un mero principio abstracto; obliga a los poderes públicos a hacerlo efectivo, mediante un gasto preferencial que asegure una “enseñanza básica gratuita”. Estamos seguros de que el despilfarro generalizado que ha caracterizado el funcionamiento de las administraciones públicas extiende también su sombra al ámbito educativo; estamos seguros de que, también en el ámbito educativo, es posible apretarse el cinturón, restringir gastos superfluos, introducir criterios de austeridad. Lo que ya resulta menos convincente es que las administraciones autonómicas se propongan ahora ahorrar en educación después de hacer construido aeropuertos tan insensatos como los de Ciudad Real, Huesca o Castellón; o mientras mantienen abiertas tropecientas televisiones públicas cuya misión primordial (cuando no exclusiva) no es otra sino incensar a los jerifaltes regionales.

 

La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que ampliará las horas de clase semanales a los profesores; la Generalitat de Cataluña ha congelado las plantillas docentes, pese a que el número de alumnos se ha incrementado en 15.000; la Junta de Andalucía está empleando artimañas varias para prescindir de los profesores que no tienen plaza fija. Tales medidas suponen un recorte del gasto público en una materia prioritaria que, inevitablemente, repercutirá en la calidad de enseñanza. Para justificarlas, alguien podría aducir que los profesores han disfrutado hasta hoy de ventajas y privilegios laborales, o que su número es excesivo; pero tal justificación sería tan pueril como reducir la expedición de recetas médicas alegando que hasta hoy se han recetado muchas medicinas superfluas (lo cual ya se está haciendo, por cierto). Pues, si tal justificación es cierta, ¿por qué se ha permitido hasta hoy este despilfarro? ¿Por desidia, por descontrol, por clientelismo? Entonces los políticos que ampararon la desidia, el descontrol o el clientelismo tendrían que responder ante los tribunales.

 

La explicación es mucho más sencilla: el derecho a la educación está pagando la factura de un “faraonismo” administrativo que ha conducido a la quiebra del erario público. ¿Cuántos profesores se podrían haber pagado con los aeropuertos insensatos que pronto se convertirán en guarida de ratas y barracones de mugre? Causa pavor pensarlo.

 

Fuente: Padres y Colegios.