El departamento que dirige José Císcar ha recibido las solicitudes de los municipios en apenas dos meses.
09.09.11 - B. LLEDÓ/J. BATISTA | VALENCIA.
La construcción de colegios concertados en suelo público ha despertado un gran interés, especialmente en los municipios con carencias en cuanto a plazas educativas. De hecho, un total de veinte ayuntamientos de la Comunitat han ofrecido formalmente suelo a la Conselleria de Educación para construir los llamados Centros de Iniciativa Social (CIS), según avanzaron fuentes del departamento que dirige José Císcar a LAS PROVINCIAS.
Además, las solicitudes se han presentado en apenas dos meses, incluyendo agosto. Esto sirve para medir la acogida del proyecto, que aparecía en el programa electoral del PP de las pasadas elecciones.
El requisito principal para dar el visto bueno a estas propuestas es claro. El conseller de Educación, José Císcar, ya anunció el martes que los CIS se construirán en aquellos municipios donde «haya necesidades de incrementar las plazas escolares» y que se diseñarán «para satisfacerlas».
El proyecto, que ha generado rechazo de parte de la comunidad educativa, lleva tiempo fraguándose, hasta el punto de que Císcar lo hereda de su predecesor, Alejandro Font de Mora, que quiso seguir el modelo empleado en Madrid, donde en siete años se han firmado 50 convenios con ayuntamientos para levantar centros concertados.
El proceso es similar al que se sigue para construir un colegio público. A través de un convenio –el borrador está prácticamente cerrado–, el ayuntamiento cede una parcela de uso educativo a la Conselleria, y esta, en lugar de encargar las obras a la empresa pública Ciegsa, convoca un concurso al que pueden presentarse entidades privadas, cooperativas u órdenes religiosas, siempre que se cumplan los requisitos que figurarán en el pliego de condiciones que está elaborando el departamento autonómico.
El fallo de Conselleria estará basado en una baremación por puntos. El objetivo es evitar que se presenten empresas que quieran priorizar el rendimiento económico respecto a la calidad educativa, por lo que se dará especial peso al programa formativo que presenten los interesados. Aquellos que ganen el concurso asumirán la construcción y tendrán una concesión de 75 años en la gestión del centro, siempre atendiendo a los criterios curriculares que establece la legislación vigente. Pasado ese tiempo, durante el que pagarán un canon anual a la Conselleria, el suelo volverá a ser propiedad de la Administración. El beneficio para las empresas es que se encargarán de la gestión de las matrículas y las cuotas mensuales durante el plazo citado.
Los cinco primeros
En las veinte solicitudes se incluyen los primeros cinco colegios que se levantarán bajo esta fórmula. La previsión es que empiecen a funcionar en el curso 2013-2014, contando con que el año que viene se hayan iniciado las obras. Aunque desde Conselleria no desvelaron los municipios que han propuesto la cesión de suelo público, la previsión es que se ejecuten en localidades de más de 10.000 habitantes, aunque podrán prestar servicio a los pueblos de su área de influencia. Mislata y Valencia, con barrios con déficit de plazas como la avenida de Francia o Malilla, son dos de los municipios que suenan con fuerza para participar en la cesión de las parcelas.
Tal y como defiende el conseller, los CIS servirán para garantizar el derecho de las familias a elegir la formación que reciben sus hijos. Para hacerse una idea, los centros concertados dejan de matricular cada año a más de 6.000 alumnos que piden plaza, al tener las aulas saturadas. Otro de los argumentos utilizados es de tipo económico, pues suponen un ahorro de costes, sobre todo en la construcción. Según un estudio de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, el gasto medio en la formación de un alumno se reduce a la mitad respecto a los centros públicos.
Precisamente, la Plataforma en favor de la Enseñanza Pública convocó ayer una protesta en la que se criticó la cesión de suelo. La entidad alega que la educación pública debe ser prioritaria para garantizar la igualdad de oportunidades entre el alumnado.
Fuente: Las Provincias.
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