Ayer tomó posesión el nuevo Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Entre los nombrados se encuentra José Ignacio Wert, ministro de Educación, Cultura y Deporte. En su mesa se encuentra una agenda repleta de temas y, desde hoy mismo, un recordatorio: cumplir
el compromiso asumido por el Partido Popular en su programa de poner
fin al conjunto de asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC), que se imparte (con diferentes nombres) desde Primaria hasta Bachillerato.
«Se trata», explica Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética,
«de explicarle por qué EpC constituye una grave anomalía educativa a la
que el nuevo Gobierno debe poner fin cuanto antes. Es una anomalía
porque implica la pretensión del Estado de sustituir a los padres en la formación de la conciencia de sus hijos.
Porque supone una invasión por el poder político de la intimidad de los
alumnos y sus familias. Porque violenta la libertad y la
responsabilidad de cada persona de buscar y descubrir por si misma la
verdad y lo que es justo al imponernos una moral pública común definida unilateralmente desde el Gobierno de turno».
Profesionales por la Ética prepara un amplio dossier en el que expone al ministro la inconstitucionalidad de este conjunto de asignaturas así como la reacción de numerosos padres que presentaron objeción de conciencia (55 000) para que sus hijos no las cursaran. «En términos judiciales», explica Urcelay, «EpC ha dado lugar a cerca de 3 000 demandas en los tribunales españoles. En la actualidad son 400 los españoles que esperan sentencia del Tribunal de Estrasburgo
en una demanda contra el Estado por vulneración de sus derechos como
objetores». Todo ello sin contar las denuncias de EpC en un total de
nueve foros internacionales (OSCE, Naciones Unidas, Consejo de Europa,
Parlamento Europeo…).
Según Urcelay, además de pedirle al ministro el final de este largo
conflicto, que se remonta al año 2006, Profesionales por la Ética quiere
tratar con él la situación académica de los alumnos objetores
que actualmente no entran en clase y que, según estimaciones de esta
asociación, ascienden a un millar en toda España, sin contar con los que
fueron objetores en cursos pasados y todavía no han acabado sus
estudios.
«Por último», explica Urcelay, «nos pondremos a disposición del
Gobierno para prestarle la ayuda necesaria con el objetivo de evitar, en
el futuro, otros experimentos de adoctrinamiento educativo estatal que
contravienen los derechos fundamentales de padres y alumnos reconocidos
por la Constitución Española y la normativa internacional».
Fuente: Profesionales por la Ética.
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