Autoritarismo lingüístico

Editorial de La Gaceta (14-02-2011).

  

Sabido es que el artículo 3.1 de nuestra Carta Magna establece que todos los españoles tienen el derecho a usar el castellano; y sabido es que los nacionalistas, allí donde han alcanzado el poder, han hecho de la violación sistemática de este precepto constitucional la base de su acción de gobierno. 

Frente a esta alevosa violación de las libertades ciudadanas, los distintos Gobiernos de España han adoptado una posición pusilánime, cuando no colaboracionista, con los partidos nacionalistas, especialmente con los nacionalistas catalanes. Sedientos del apoyo de CiU o ERC en el Congreso de los Diputados, las formaciones políticas nacionales, sobre todo el PSOE, han preferido sacrificar los derechos de los catalanes a quedarse en minoría en la Cámara baja.

 

Las consecuencias de tan continuada genuflexión han sido letales para los españoles en general y para los catalanes en particular. Los sucesivos Gobiernos de la Generalitat han incumplido durante una década las diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ratificadas posteriormente por el Tribunal Supremo, que exigían, primero, que la enseñanza del castellano contara con al menos tres horas semanales dentro de los planes de estudio; segundo, que no se usara en exclusiva el catalán durante las actividades de acogida matinales en colegios y guarderías; y tercero y más importante, que en los formularios de preinscripción escolar se consultara a los padres sobre sus preferencias por la enseñanza en castellano o en catalán.

 

En contra de las resoluciones judiciales de nuestros más altos tribunales, la Generalitat ha continuado sin impartir la tercera hora de castellano, imponiendo el catalán en las actividades matinales y omitiendo la casilla sobre preferencia lingüística en las preinscripciones escolares. Toda una vulneración del Estado de derecho –al sometimiento de los políticos a las leyes y a los tribunales– que el tripartito trató de sortear con la aprobación de la Ley de Educación de 2009, donde se daba un refrendo normativo a todos estos dislates autoritarios.

 

El problema para las aspiraciones liberticidas de los nacionalistas es que el Tribunal Constitucional declaró contrarios a la Carta Magna los preceptos sobre los que se asentaba la Ley de Educación, de modo que el Tribunal Supremo, hace apenas dos meses, dio la razón en tres históricas sentencias a las familias que deseaban escolarizar a sus hijos en castellano.

 

La reacción del nuevo Ejecutivo de Artur Mas no se hizo esperar: la Generalitat se declara insumisa gracias a que el Gobierno central, encargado de hacer cumplir la ley a todos los ciudadanos y Administraciones, ha optado por permitírselo. Afortunadamente para nuestras libertades y desgraciadamente para las pretensiones totalitarias de nuestros políticos, hay sectores ciudadanos que todavía no aceptan convertirse en súbditos y que siguen buscando amparo en la Justicia. De ahí que Convivencia Cívica Catalana, en representación de tres familias de la región, haya interpuesto una querella por prevaricación contra Meritxell Ruiz Isern, directora general de Atención a la Familia y Comunidad Educativa, por incumplir las tres sentencias del Supremo.

 

Se trata de un primer paso que, pese a todo, no debería olvidar quiénes son los responsables últimos de este persistente atentado contra nuestras libertades: los cuadros dirigentes de los partidos políticos nacionalistas catalanes y de un PSOE que, a modo de cooperador necesario consiente que la Generalitat incumpla las resoluciones del Supremo y viole los derechos constitucionales de los catalanes.

Fuente: La Gaceta.