Por Francisco Caja.
Que la política lingüística escolar llevada a cabo en los últimos 17 años por el Gobierno catalán –la imposición del llamado sistema de inmersión lingüística– no sólo está fuera de la ley, sino que es inconstitucional, está fuera de toda duda tras las recientes sentencias del Tribunal Supremo. Dice el Tribunal Supremo:
Como afirma el motivo y en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional esa exclusión de hecho del castellano como lengua vehicular pervierte el modelo lingüístico establecido en la Constitución de conjunción lingüística o de bilingüismo integral de modo que se implanta un modelo de inmersión lingüística contrario al espíritu y a la letra de la Constitución.
Y en consecuencia, el Tribunal Supremo ordena a la Generalidad que adopte
cuantas medidas sean necesarias para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán, incluyendo el derecho de los niños en educación infantil a recibir la enseñanza en la lengua peticionada por los padres y de igual modo declaramos que el modelo oficial de preinscripción en educación infantil ha de preguntar por la lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos.
¿Cuál ha sido la respuesta de la Generalidad a la inapelable (en un Estado de Derecho) decisión del Tribunal? No acatar la sentencia. De manera ostentosa: tanto la consejera de Enseñanza como el presidente de la Generalidad han declarado de forma reiterada que no modificarán ni una coma de su política y seguirán implantando el sistema de inmersión lingüística. Y en la primera ocasión (al aprobar las normas de preinscripción y matriculación para el próximo curso) han dictado una resolución que hace caso omiso de las resoluciones judiciales: sigue imponiendo el sistema de inmersión lingüística, no contempla el derecho de los niños en educación infantil a recibir la enseñanza en la lengua peticionada por los padres y no incluye la pregunta por la lengua habitual del escolar.
Está claro, para el Gobierno catalán el imperio de la lengua está por encima del imperio de la ley. ¡Todo por la lengua sagrada! Porque la lengua sagrada exige todo: si es necesario delinquir, se delinque. Porque no acatar las decisiones de los tribunales y dictar, como es el caso, una resolución injusta a sabiendas de su injusticia es un delito.
Pero una cosa es cierta: ellos son lo que son no por designación de la diosa lengua sino por la ley: la ley y no la lengua los ha hecho presidente y consejera de la Generalidad, unos cargos a los que han accedido tras jurar o prometer fidelidad a la Constitución. Al negarse a someterse al imperio de la ley que legitima su poder, se deslegitiman y se hacen indignos para ejercerlo. Por esa razón han de ser separados del cargo que ejercen; esa es la pena que reserva el Código Penal para los culpables de un delito de prevaricación: inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.
Están en juego los fundamentos mismos del Estado de Derecho: el sometimiento de los poderes públicos a las decisiones de los tribunales de justicia, la separación de poderes, fundamento desde que Montesquieu lo escribiera en su De l’esprit des lois. Convivencia Cívica Catalana ha presentado la correspondiente querella criminal para restaurar en Cataluña el Estado de Derecho. Porque el imperio de la ley deber estar por encima del de la lengua para que un orden político pueda ser llamado democrático.
¿Cuál será la actitud del Ministerio Fiscal, que, recordémoslo, "tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social"?
¿Quién indemnizará a los padres cuyos hijos no han recibido la educación bilingüe que prescribe la Constitución española durante los últimos diecisiete años? Los Gobiernos catalanes han contraído una grave responsabilidad por la que los ciudadanos catalanes le deberán pasar cuentas. Que sus hijos reciban una enseñanza bilingüe depende de ellos; tras las sentencias del Supremo bastará con exigirla mediante una sencilla instancia al Gobierno catalán: lo pueden hacer poniéndose en contacto con Convivencia Cívica Catalana a través de su página web. Para restaurar en Cataluña el imperio de la ley.
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