Estrasburgo ya tiene 371 demandas por EpC

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos deberá decidir sobre la asignatura.

 

A. Mateos / Madrid
  

La lucha de las familias objetoras a Educación para la Ciudadanía (EpC) continúa, pese a las resoluciones del Tribunal Supremo contrarias a sus intereses. Estrasburgo, sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ha recibido ya 371 demandas contra el Estado español por «vulneración de derechos fundamentales».

 

Según ha podido saber este periódico, el pasado 26 de enero se produjo una tercera entrega de demandas al TEDH. En concreto, un grupo de padres e hijos de La Rioja y Madrid, así como familias españolas residentes en Lisboa cuyos hijos siguen el sistema educativo español, presentó 50 nuevas demandas.

 

Este medio centenar se suma a las 321 ya existentes, presentadas en marzo y junio del año pasado por familias de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra, Madrid, y Murcia. En concreto, las demandas, presentadas por Profesionales por la Ética y Alliance Defense Fund con la asistencia jurídica del European Center for Law and Justice,  alegan que España ha violado distintos artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos: derecho a la vida privada de los menores (art. 8); libertad de pensamiento, conciencia y religión de los menores y sus padres (art. 9); derecho de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones (art. 2 del Protocolo I) y no discriminación (art. 14).

 

Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, explicó a este periódico que, pese a que no existe una estimación clara de cuándo podrá resolverse el caso en Estrasburgo, «teniendo en cuenta que las primeras demandas se presentaron el 19 de marzo de 2010 y nos dijeron que tardarían entre uno y dos años, probablemente antes del verano podamos tener la primera sentencia».

 

Desde esta organización se mantienen confiados en que el proceso fructifique a su favor pues, en palabras de Urcelay, «hay antecedentes de sentencias en Noruega y Turquía donde se aplica el derecho a la vida privada, la libertad de conciencia, el de los padres a elegir la educación de sus hijos y el de no discriminación ». En su opinión, «de acuerdo con esto, hay esperanzas de que sea favorable».

 

A esto se suma la situación en España. Pese a que distintas sentencias del Tribunal Supremo han ido tumbando las de los Tribunales Superiores de Justicia favorables a los objetores, la última palabra la tendrá en algunos casos el Tribunal Constitucional. Y es que este tribunal ya ha admitido a trámite dos recursos de amparo, según recalcan desde Profesionales por la Ética. En ambos casos, se trata de familias de Salamanca.

 

Urcelay reconoce que, si bien la admisión a trámite no implica directamente que el Constitucional termine fallando a favor de los recurrentes, «estadísticamente, hay muchas posibilidades de que la admisión a trámite implique la revocación de la decisión del Supremo». En concreto, estos recursos se basan en la vulneración «de los derechos fundamentales a la libertad ideológica, religiosa y de conciencia, y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones, garantizados en los artículos 16. 1 y 27.3 de la Constitución».

 

Fuente: El Mundo (8-02-2011), edición impresa, pág. 14.