Educación para la Masonería

Las ideas progresistas educativas o la copia socialista de los ideales masónicos.

 

J. A. Fúster y L. Losada 

 

A finales del primer cuarto del siglo XX, en Inglaterra había casi medio millón de masones y hasta cuatro millones de personas eran miembros de la masonería en los Estados Unidos. En Francia eran decenas de miles, igual que en Italia. En la muy católica España, apenas eran tres mil y su influencia era descriptible por escasa. En aquellos años de rumores y conspiraciones, la inseparable conjunción de republicanismo y anticlericalismo hacía que todo aquel personaje público que hiciera profesión de fe republicana y anticlerical recibiera la etiqueta de masón, desde Lerroux hasta Canalejas pasando por el presidente de la Primera República: Pi i Margall. Sin embargo, la mayoría de los señalados no lo eran. Es cierto que Salmerón lo fue, y hasta Martínez Barrio, pero no es menos cierto que Canalejas fue asesinado por los disparos de un supuesto anarquista de quien el propio Franco escribió que era un masón.

 

Así que con ciertas excepciones que tenían que ver más con el dinero, la fuerza de la masonería como organización colegiada era muy escasa a principios del siglo XX, cuando la militarización de la sociedad y la confesionalidad del reino eran obstáculos insalvables para los masones. Un ejemplo de todo lo anterior lo hallamos en la figura del pedagogo y masón afrancesado Francisco Ferrer Guardia, fundador de las Escuelas Modernas, juzgado y condenado a muerte por ser el principal instigador de la Semana Trágica de Barcelona de 1909 en la que un supuesto levantamiento popular por culpa de la política belicista de Maura dio paso a la quema de 70 iglesias y conventos. A lo largo del juicio, la corte marcial jamás aludió a la condición de Ferrer como miembro de una sociedad secreta. Los militares sabían que la masonería solo era una palabra.

 

Sin embargo, todo cambió en dos décadas. El peso de los masones en la composición del nuevo Gobierno republicano surgido en 1931 por la descomposición monárquica era, en porcentaje, similar a la presencia de masones declarados en los principales centros de poder de Europa: entre el 30 y el 40 por ciento.

 

Iglesias controladas 

 

Es esta presencia masiva de la masonería en los cenáculos políticos la que lleva a los encargados de redactar la Constitución de 1931 a suscribir artículos igualitaristas (por abajo) y fraternalistas como el número 48, que consagra que la educación deberá ser “única, gratuita, obligatoria, laica e inspirada en los principios de la solidaridad humana”.

 

Eso sí, la Constitución reservaba la posibilidad de que las iglesias que quisieran enseñar de acuerdo a su propia doctrina (en 1931, lo de “iglesias” quería decir la Iglesia Católica) pudieran hacerlo, pero sujetas a la tutela de la inspección del Estado. Si había alguna duda, el segundo punto del mismo artículo 48 es otro de los grandes pilares del ideal masónico: “la libertad de cátedra queda reconocida y garantizada”.

 

Esa libertad significaba que la izquierda materialista otorgaba el derecho al profesor a impartir la enseñanza que deseara al margen del soberano ideario del centro y de la suprema voluntad de los padres.

 

Esa era la gran apuesta de la masonería en los alrededores del primer cuarto del siglo e inspira la acción de gobierno socialista: ante la ausencia de una red escolar pública de calidad como la de los colegios concertados, la mejor pretensión era que los maestros adscritos al laicismo militante tuvieran patente de corso para enseñar sus ideas con independencia del resto del claustro y, por supuesto, de los padres.

 

Tras la muerte de Franco y durante los trabajos de la ponencia constitucional, el ponente socialista, Gregorio Peces-Barba, teatralizó el desprecio que los vencedores del congreso de Suresnes sentían por el nuevo artículo 27, en el que tres ucedistas, un nacionalista, un comunista y Manuel Fraga, ninguno de ellos masón, se pusieron de acuerdo en asegurar que la Constitución reconociera la libertad de los centros a tener su propio ideario y la de los padres a elegir la educación moral de sus hijos de acuerdo con sus convicciones.

 

Para los socialistas, que llegaron a abandonar la ponencia y solo volvieron para hacerse la foto, su ideal era el de que la Constitución de 1978 hiciera defensa cerrada de la libertad de cátedra, es decir, del supuesto derecho de cada profesor a impartir la enseñanza que desee al margen del Ideario del centro. Esta libertad de cátedra es la que la Constitución republicana consagró: una enseñanza laica que no buscaba neutralidad confesional en el aula, sino educación anticlerical y atea.

 

Esta libertad de cátedra es masónica desde la A hasta la Z y fue el caballo de batalla de la Liga de Enseñanza, una organización que se fundó en 1925 en España y que salió de las entrañas mismas de la Gran logia Española. Esto lo prueba una carta firmada del gran maestre de la logia en la que destaca a la Liga “entre todas las instituciones profanas fundadas y regidas por masones como la que quizás merezca una mayor colaboración por parte de todos los hermanos”.

 

Manifiesto de Motril 

 

En 2001 los herederos masones de aquella Liga, agrupados en tomo a la Asociación Pi i Margall (en homenaje al presidente de la Primera República y esclarecido masón), suscribieron el llamado Manifiesto de Motril, en el que se exigía “la ruptura del Concordato (sic), el cese de la financiación estatal a cualquier institución religiosa, la eliminación de la asignatura de Religión como enseñanza curricular y la prohibición de cualquier tipo de adoctrinamiento religioso en el ámbito escolar”.

 

En esa estela, y tras la victoria de Zapatero en 2004, el ideólogo de cabecera del presidente, Gregorio Peces-Barba, urde la decisión de acabar con la Ley de Calidad de la Educación del último Gobierno de Aznar. Los socialistas, agrupados en tomo a Peces, llegan a la conclusión de que el problema educativo no es un asunto de centros, padres o incluso de claustro, sino que es una cuestión política y así debe ser tratada, exactamente tal y como lo pensaron los masones de la Liga de Enseñanza.

 

Para los socialistas, el Estado debe tener el derecho exclusivo a crear conciencia sociopolítica en las aulas. A eso el Gobierno de Zapatero lo llama Educación para la Ciudadanía.

 

Como primera medida para implantar ese modelo de escuela racionalista, el Gobierno se acoge a otra idea masónica: negar a los centros que puedan optar libremente por la educación diferenciada, ya que los masones consideran que la coexistencia en el aula de ambos sexos es garantía de Igualdad futura.

 

La segunda medida es la de minusvalorar la presencia de la asignatura de Religión. Para la masonería, el educando debe rechazar cualquier verdad dogmática, la moralidad objetiva y las instituciones dogmáticas. Cuando Alfredo Pérez Rubalcaba advertía a un periodista de ALBA de que “los obispos tendrán asignatura de Religión, pero no la que ellos quieren”, estaba asentando en su ideario uno de los pilares fundamentales de la actividad masónica: la consagración de la llamada “moral civil, independiente, libre y racional” compatible con cualquier religión, pero que en la práctica las excluye a todas, sobre todo a la religión católica, es decir: “la de los obispos”.

 

Por último, el tercer gran pilar de la masonería que es el desplazamiento de Dios o la promoción activa del laicismo. Esto implica la reclusión de lo religioso y de las religiones concretas en los templos y, sobre todo, en lo más hondo de la conciencia de cada cual, de donde no deberá salir para exponerse en público. El espacio ‘público’, en el aserto masónico y ahora incardinado en el socialista, es cualquier espacio educativo.

 

Esa idea es la base de la Ley de Libertad Religiosa que quiere ser el proyecto estrella de Zapatero en su último tramo de legislatura, pero que todavía duerme en el cajón a la espera de que ya ‘toque’. Hasta el momento solo ha habido escaramuzas en tomo a los crucifijos en las aulas. No hay que olvidar que los socialistas, a través del hombre del ideario del Gobierno, José Blanco, han dejado clara la posición de que los símbolos religiosos, “sean los que sean” (muletilla que acomoda el hecho de que el 99 por ciento sean símbolos cristianos), “deben desaparecer de la vida pública”.

 

Fuente: Alba (n.º 312, págs. 6-7).