Por Francisco Rodríguez Barragán, Licenciado en Geografía e Historia y Derecho.
Que es necesario conseguir en España una educación eficiente y de calidad, parece fuera de discusión, pero proponer medidas que lo hagan posible no es tarea fácil. Tenemos un Ministerio de Educación y diecisiete consejerías de lo mismo, cada una con sus objetivos. Para muchas, o casi todas, la idea fundamental es privilegiar la enseñanza pública, desnaturalizar la concertada y manipular a las nuevas generaciones con ideologías relativistas, feministas y ecologistas radicales, imponer el laicismo como “nueva religión”, única aceptable y democrática para los que mandan.
Además de ello tenemos las que tratan de conseguir a través de la enseñanza señas identitarias: son las conocidas políticas de inmersión lingüística obligatoria para todos los ciudadanos, aunque la mayoría tenga como lengua materna el español.
Sería imprescindible que el Ministerio de Educación recuperara las competencias necesarias para introducir los cambios necesarios. Estos cambios tendrían que garantizar una educación no sectaria y de calidad, en la que se respetara escrupulosamente la libertad de los españoles para elegir el tipo de centro, entre una pluralidad de opciones diferenciadas.
Mientras que el Ministerio esté tomado por ideólogos políticos y “expertos” sin ninguna experiencia en la educación de niños, pero equipados con la voluntad de poner por obra cualquier arriesgado experimento de ingeniería social, no habrá forma de hacer ningún cambio. ¿Será capaz un nuevo gobierno de eliminar a estos expertos? En las dos legislaturas del PP no se hizo nada al respecto, ya que siguieron manejando los hilos los que llegaron de la mano de Maravall o Rubalcaba.
Para formar educadores, capaces de transmitir el saber, no creo que tengamos unas facultades despolitizadas y respetuosas, sino más bien lo contrario. Muchas de nuestras universidades han llegado a un grado importante de deterioro my masificación.
Para conseguir una oferta plural de sistemas educativos hace falta incentivar la competencia entre ellos, es decir facilitar que la sociedad civil cree colegios, facultades, universidades. El monopolio de la enseñanza pública ha sido siempre el deseo de todas las tiranías. Platón quería ese tipo de enseñanza para su república, nada más lejos de la democracia.
El principio de subsidiariedad obliga al estado a cubrir las deficiencias de la sociedad civil: llegar hasta donde ella no es capaz de llegar, pero en ningún caso establecer un monopolio. Por supuesto que le corresponde la alta inspección de todos los centros y el control de la calidad.
El dinero que el estado dedica a la enseñanza lo ha sacado previamente de los bolsillos de los ciudadanos, ya que las tasas de matrícula, al parecer no cubren los gastos, y luego, tasas y presupuesto, los administran a su antojo. Mejor sería que los ciudadanos controlaran la eficiencia del gasto de las organizaciones montadas por el estado y las autonomías para la educación.
Los ciudadanos que decidieran prescindir de la escuela pública, tendrían que pagar de su bolsillo el coste de la enseñanza en el nivel correspondientes, pero para evitar que tenga que pagarla dos veces, quizás podrían disminuir la base imponible de su declaración de la renta en el costo medio por plaza.
La educación debe ser para los jóvenes el mejor medio de promoción y el estado debe garantizar la excelencia, otorgando becas y exenciones a los alumnos que demuestren su nivel de esfuerzo, con independencia de su situación económica.
No hay derecho que con nuestros impuestos vegeten en tantos centros y facultades estudiantes que nunca acaban los estudios o se dediquen a hacer botellón en el campus y ensuciar con grafitis los edificios.
Fuente: Análisis Digital.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Se agradecen los comentarios