En el marco del IV Congreso Mundial de Familias, el presidente de
Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, intervendrá en el seminario La lucha de los padres por la libertad educativa, en el que participarán también Peter LaBarbera (Presidente) (EE.UU) / Alfonso Aparicio (España) / Anne Coffinier (Francia) y William Jeynes
(EE.UU).
Con motivo de este acontecimiento, Jaime Urcelay ha contestado a estas preguntas:
1.¿Cree que las familias son conscientes de su protagonismo en la educación de sus hijos frente a las imposiciones estatales e
ideológicas?
La responsabilidad de la educación de los hijos es una
prolongación de la paternidad física y como tal tiene mucho de inclinación natural, podríamos decir de “instinto espontáneo”. La tarea
educativa va estrechamente unida al amor que sentimos hacia nuestros
hijos, al deseo de darles lo que necesitan para su felicidad. La educación de los hijos representa la continuidad del servicio de los padres a la vida.
A partir de este suelo común,
que con toda naturalidad se vive en la inmensa mayoría de las familias,
el nivel de conciencia del protagonismo de los padres en la educación de
sus hijos varía mucho, especialmente a partir de esa etapa compleja que
es la adolescencia.
Es cierto que las circunstancias ambientales son cada vez más
difíciles y hostiles para la tarea de educar en la familia, que, muchas
veces, ni siquiera existe como tal. Esto ha podido provocar en muchos
padres actitudes de desidia o una sensación de impotencia, que les ha
llevado a abdicar de su tarea educativa y, consiguientemente, a
someterse de manera pasiva al ambiente dominante y a las imposiciones
estatales e ideológicas. Evidentemente, en otros muchos padres descubrimos un compromiso ejemplar –¡heroico!– con la educación de sus hijos.
Otro factor que juega en contra del protagonismo de muchos padres en la educación de sus hijos es la mentalidad estatalista que impregna la cultura y las leyes españolas desde la revolución liberal del XIX.
Hemos delegado buena parte de nuestra responsabilidad como personas y
como cuerpo social en el Estado. Esta realidad es especialmente
demoledora cuando afecta al ámbito de la educación, pero muchos la
aceptan como “normal”. Si además el Estado, aun en un contexto
democrático, olvida su deber de neutralidad e impone una ideología –como descaradamente ha ocurrido en la etapa de Zapatero–, el resultado
para nuestra libertad es demoledor.
2. ¿En qué situación diría Vd. que se encuentra la libertad educativa en su país actualmente?
En España existe, a mi juicio, una situación de injerencia
permanente e institucionalizada del Estado en la educación. Por razones
históricas e ideológicas, arrastramos una anomalía cuya justificación
racional resulta muy difícil en una sociedad moderna. El Estado se ha arrogado un papel educativo que no le corresponde
y esto significa, como antes decía, una grave merma de la libertad
personal y social. La educación es una responsabilidad que corresponde
primariamente a la propia sociedad y tan sólo en lo que ésta no sea
capaz de alcanzar por si misma, el Estado puede intervenir para asegurar
el bien común y la solidaridad. Es decir, en este ámbito debe también
regir el principio de subsidiariedad, que es la mejor garantía de la
libertad y de la responsabilidad de las personas en una comunidad
políticamente organizada. En términos prácticos, al Estado sólo le
tocaría, en lo que a la educación se refiere, poner los medios para que
la instrucción esté al alcance de todos, con criterios de equidad, y
asegurar unos niveles de calidad adecuados en el sistema educativo. Todo
lo demás es algo que nos corresponde a nosotros, a los ciudadanos, a
las familias y a la libre iniciativa social.
Es patente, por lo tanto, que más allá del reconocimiento retórico del artículo 27 de la Constitución Española, la libertad de educación en España es una asignatura pendiente fundamental
en la que es necesario avanzar. En este sentido considero líneas
prioritarias y urgentes la remoción de obstáculos para la libre elección
por las familias de centro educativo, la plena autonomía de los centros
de iniciativa social para desarrollar sus propios proyectos pedagógicos
de acuerdo con su ideario, la descarga de ideología en algunas materias
curriculares obligatorias –el caso paradigmático, pero no el único, es Educación para la Ciudadanía–, la dignidad académica de la asignatura de Religión libremente elegida por los padres, la solución real de la financiación de los centros educativos en un marco de libertad –que creo pasa por la fórmula, impecablemente democrática, del cheque escolar–, etc.
Y, si se me permite, hablar de libertad educativa en sentido integral exige también hablar de libertad y protección para las familias como primer espacio para la educación. Y también en ese terreno en España queda mucho por hacer…
Fuente: Profesionales por la Ética.
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