Por Magisnet.
El modelo autonómico se ha sumado al debate sobre los servicios públicos
en las reacciones que las comunidades autonómas han expresado ante el
anuncio que el ejecutivo popular hizo ayer de reducir en la citada
cantidad los gastos en Sanidad y Educación. Además de por la
reivindicación o no de las competencias, las autonomías han quedado
divididas también entre las gobernadas por el PSOE (Andalucía y
Euskadi), junto a la canaria (gobernada por CC con apoyo socialista),
que han rechazado la aplicación de los ajustes a los servicios sociales,
y las comunidades con mayoría popular en sus parlamentos, que no han
compartido esta posición.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha unido la cuestión de los recortes con el modelo autonómico en una rueda de prensa celebrada después de reunirse con el presidente Mariano Rajoy en Moncloa. Aguirre ha propuesto la devolución de las competencias de Educación, Sanidad y Justicia al ejecutivo central, lo que ahorraría, dice, 48.000 millones de euros.
El presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha señalado que "no sabemos cuánto nos va a tocar del recorte y primero tenemos que ver en qué consiste. Solo conocemos una nota que hizo pública ayer el Gobierno. Yo estaría en condiciones de ofrecer alternativas". "Estamos ante un gobierno que ni habla ni escucha a nadie", ha señalado por su lado la consejera de Presidencia andaluza, Mar Moreno.
La consellera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, ha considerado "altamente preocupante" el anuncio y ha recordado que "existen unas competencias transferidas" a las comunidades autónomas. Además de recordar que "fallan las formas" cuando se hace el anuncio "al margen de las comunidades", ha indicado que, más allá de la cuestión económica, "existe la gran duda de hasta dónde quieren llegar con el cambio de modelo autonómico" y si "quieren o no respetar las competencias".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha unido la cuestión de los recortes con el modelo autonómico en una rueda de prensa celebrada después de reunirse con el presidente Mariano Rajoy en Moncloa. Aguirre ha propuesto la devolución de las competencias de Educación, Sanidad y Justicia al ejecutivo central, lo que ahorraría, dice, 48.000 millones de euros.
El presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha señalado que "no sabemos cuánto nos va a tocar del recorte y primero tenemos que ver en qué consiste. Solo conocemos una nota que hizo pública ayer el Gobierno. Yo estaría en condiciones de ofrecer alternativas". "Estamos ante un gobierno que ni habla ni escucha a nadie", ha señalado por su lado la consejera de Presidencia andaluza, Mar Moreno.
La consellera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, ha considerado "altamente preocupante" el anuncio y ha recordado que "existen unas competencias transferidas" a las comunidades autónomas. Además de recordar que "fallan las formas" cuando se hace el anuncio "al margen de las comunidades", ha indicado que, más allá de la cuestión económica, "existe la gran duda de hasta dónde quieren llegar con el cambio de modelo autonómico" y si "quieren o no respetar las competencias".
Desde el País Vasco, su ejecutivo
ha cuestionado que los ajustes vayan a afectar a su territorio, ya que
se trata de competencias transferidas. En este sentido, ha apuntado a la
vía de la legislación básica para promover la aplicación de los
recortes, trámite que, en todo caso, ha considerado "complejo". El
consejero de Sanidad vasco, Rafael Bengoa, ha asegurado que el recorte
no se notará allí porque "no se va a aplicar", dado que se trata de
áreas cuyas competencias están transferidas y dado que el lehendakari,
Patxi López, ha asegurado que protegerá estos servicios públicos.
Navarra, gobernada por UPN con apoyo del PSN, también ha mostrado dudas de cómo se verá afectada su comunidad, no solo por tratarse de competencias transferidas sino también por la especial relación económica de esta comunidad foral con el Estado (una condición que comparte con Euskadi).
Canarias ha expresado, por boca de su vicepresidente, José Miguel Pérez, que los recortes van a situar a España "en un salto atrás de más de 40 años" y ha advertido que "a Canarias la tendrán enfrente".
País Vasco, Andalucía, Navarra y Cataluña (gobernada por CiU) han rechazado además esta mañana la forma en la que el Gobierno de Mariano Rajoy anunció ayer el ajuste, a través de una nota de prensa. Por el contrario, las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Extremadura, Valencia, La Rioja o Aragón, han acogido sin quejas, aunque sin agrado, la medida, que ha sido por ahora respondida con silencio desde territorios como Baleares, Oviedo y Galicia.
El presidente extremeño, José Antonio Monago, ha anunciado que su ejecutivo cumplirá "como sea" su objetivo del 1,5% del déficit y se ha preguntado por qué "no hay que tocar" lo que no funcione en Sanidad o Educación.
Por su parte, el presidente riojano, Pedro Sanz, ha asegurado que es necesario ocuparse de una situación "delicada" como la actual, que generará un "sacrificio" a todos, pero que el Gobierno de España "no quiere generar pánico", ni plantear que estemos ante "una emergencia nacional". Si desde el gobierno de Castilla-La Mancha ha prometido que el reparto de los ajustes se hará de forma "justa y responsable", desde La Rioja se habló de reducir el gasto farmacéutico y aumentar las horas lectivas de los profesores.
Desde Valencia, el conseller de Sanidad, Luis Rosado, reivindicó que se trata de ajustes, pero no de recortes de ninguna prestación, y desde Aragón el consejero de Presidencia y Justicia reconoció que son soluciones necesarias que "a nadie le gustan".
Navarra, gobernada por UPN con apoyo del PSN, también ha mostrado dudas de cómo se verá afectada su comunidad, no solo por tratarse de competencias transferidas sino también por la especial relación económica de esta comunidad foral con el Estado (una condición que comparte con Euskadi).
Canarias ha expresado, por boca de su vicepresidente, José Miguel Pérez, que los recortes van a situar a España "en un salto atrás de más de 40 años" y ha advertido que "a Canarias la tendrán enfrente".
País Vasco, Andalucía, Navarra y Cataluña (gobernada por CiU) han rechazado además esta mañana la forma en la que el Gobierno de Mariano Rajoy anunció ayer el ajuste, a través de una nota de prensa. Por el contrario, las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Extremadura, Valencia, La Rioja o Aragón, han acogido sin quejas, aunque sin agrado, la medida, que ha sido por ahora respondida con silencio desde territorios como Baleares, Oviedo y Galicia.
El presidente extremeño, José Antonio Monago, ha anunciado que su ejecutivo cumplirá "como sea" su objetivo del 1,5% del déficit y se ha preguntado por qué "no hay que tocar" lo que no funcione en Sanidad o Educación.
Por su parte, el presidente riojano, Pedro Sanz, ha asegurado que es necesario ocuparse de una situación "delicada" como la actual, que generará un "sacrificio" a todos, pero que el Gobierno de España "no quiere generar pánico", ni plantear que estemos ante "una emergencia nacional". Si desde el gobierno de Castilla-La Mancha ha prometido que el reparto de los ajustes se hará de forma "justa y responsable", desde La Rioja se habló de reducir el gasto farmacéutico y aumentar las horas lectivas de los profesores.
Desde Valencia, el conseller de Sanidad, Luis Rosado, reivindicó que se trata de ajustes, pero no de recortes de ninguna prestación, y desde Aragón el consejero de Presidencia y Justicia reconoció que son soluciones necesarias que "a nadie le gustan".
Fuente: Magisnet.
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