Las propuestas que explicará a las comunidades busca ahorrar 3.000 millones e incluye también más horas lectivas por docente.
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EFE | Alumnos de sexto de Primaria de un colegio de Madrid
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JOSÉ GRAU / MADRID
Día 16/04/2012
La reunión hoy del ministro José Ignacio Wert con los consejeros autonómicos de Educación ha
levantado una expectación como pocas antes. Y no es para menos. Sobre
la mesa está el intento del Gobierno central de que las comunidades «ahorren» nada menos que 3.000 millones de euros en Educación.
El ministro plantea su proyecto como una manera de «equilibrar gastos y
racionalizar», sin que ello suponga «perjuicio alguno» ni a la «calidad
de la enseñanza» ni a los «servicios básicos».
Aunque
el ministro no ha querido dar detalles de su plan, las propuestas que
hará, según ha ido trascendiendo en los días pasados y han sugerido a
ABC fuentes de ese mismo departamento, se centran en lo siguiente.
Aumento de horas lectivas
En primer lugar, un aumento de las horas lectivas de los profesores de primaria y secundaria. Esta opción ya la han puesto en marcha Madrid, Murcia, Baleares y Castilla-La Mancha,
y está previsto que hagan lo mismo mismo Castilla y León, Cantabria,
Navarra y la Comunidad Valenciana, es decir, comunidades de la órbita
del Partido Popular. El ministerio pretende que se aplique el máximo
legal permitido de la horquilla, que son 21 horas lectivas semanales.
Cuando Madrid introdujo en el curso pasado la subida a 20 horas lectivas a la semana, se levantó una cadena de protestas considerable, la famosa «marea verde» de los docentes en camiseta, aunque luego poco a poco se ha ido apaciguando.
Más alumnos por clase
El
gobierno socialista de Andalucía, y de otra forma los del País Vasco y
Cataluña, ya han anunciado sus reparos al mencionado y al siguiente
punto de los deseos del ministerio: el aumento del número de alumnos por
clase. La normativa vigente establece que ha de haber 1,5 metros cuadrados por alumno. El ministerio de Educación estima que esa cifra oficial da margen en muchos casos para aumentar hasta en un 20% el número de alumnos por aula.
Según
estimaciones del sindicato Anpe, la ratio actual de alumnos por aula es
de 25 en primaria y 30 en secundaria, y habría posibilidad para
ampliarla en un 10 por ciento.
El
secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT, Carlos López,
se queja de que si se eleva el número de alumnos por clase a los 30 ó
35, se estaría volviendo a datos de hace cuarenta años, que suponen «masificación».
Pero hay estudios recientes de la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos) que van en la dirección
contraria. Una subida razonable de la mencionada ratio es hasta
saludable, y ni siquiera es necesario que las clases sean homogéneas.
Más
complicados son los casos de las escuelas rurales, en las que hay
clases con nueve alumnos o menos. Cerrar algunos de esos centros
significaría que niños de 3 ó 4 años tendrían que desplazarse todos los
días unos 50 kilómetros.
Al
margen de la discusión sobre el impacto en la calidad de la enseñanza,
si nos cincunscribimos ahora solo a lo económico, la consecuencia más
directa de las dos medidas anteriores es el ahorro de nóminas. O lo que
es lo mismo: muchos interinos se quedarán sin trabajo.
¿Cuántos? Eso es muy difícil de establecer a priori. La federación de enseñanza del sindicato Comisiones Obreras vaticina la desaparición de 100.000 puestos.
Según el secretario general de esa federación, José Campos, los
docentes no funcionarios son ahora el 15% de la plantilla, y en España
(asegura, aunque las cifras no se corresponden con las del Ministerio de
Educación) hay unos 800.000 profesores. Si se despidieran a todos los
interinos (el 15% de 800.000), 120.000 docentes irían al paro.
A
Jesús Pueyo, secretario general de la Federación de Sindicatos
Independientes de la Enseñanza (FSIE, mayoritario en el sector de la
enseñanza concertada), el número de 100.000 docentes no funcionarios que
se podrían quedar sin trabajo le parece completamente irreal, al igual
que a las fuentes ministeriales consultadas por ABC.
La
consejería andaluza de Educación declaró el lunes que tienen en nómina a
13.500 interinos, que suponen un gasto de 400 millones. Y el consejero
en funciones de Educación, Francisco Álvarez de la Chica (PSOE), afirmó
que un aumento del 20% del número de alumnos, como se estaba
conjeturando, se traduciría en su comunidad en un «mínimo de 15.000
profesores menos» en el sistema público.
Freno a la construcción de centros
Aunque
la mayor parte del ahorro ha de venir de la supresión de nóminas, hay
otra partida que tampoco se puede desdeñar y que está directamente
relacionadas con el ladrillo: parar las construcciones en marcha o
previstas de centros educativos.
Para
ejemplificar el argumento, recurrimos de nuevo al consejero andaluz en
funciones de Educación, el más locuaz con la prensa y el más contrario a
los planes de José Ignacio Wert. Francisco Álvarez de la Chica estuvo
el jueves en el acto de colocación de la primera piedra del nuevo
colegio «Rafael Alberti» de Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla).
Subrayó que las obras en centros escolares que ya la Junta de Andalucía
tiene presupuestadas y puestas en marcha «seguirán adelante». No podía
asegurar qué pasará con las planeadas para meses sucesivos, ya que «no
está en la mano» del gobierno andaluz, sino en la del Gobierno de
España, «que es el tiene margen suficiente para obligar a las
comunidades autónomas a tomar decisiones que no quieren tomar».
Los 3.000 millones de euros de recortes adicionales se suman al del 22% previsto por el Ministerio de Educación
en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2012, superior a
la media del 16,9% en la mayoría de los departamentos ministeriales.
Ese tijeretazo presupuestario acaba con proyectos como el de la Escuela
2.0: un alumno, un ordenador. Y con otros programas ministeriales de
cooperación territorial con las autonomías, como el de los campus de
excelencia universitarios.
Enseñanza superior, el jueves
El
capítulo de la enseñanza superior lo tratará el ministro Wert el jueves
en la Conferencia General de Política Universitaria, máximo órgano de
coordinación entre las autonomías y el ministerio en materia de
universidades. Aquí las opciones son casi más difíciles de llevar a la
práctica: subidas de matrículas, eliminación de carreras que no tengan
un número suficiente de alumnos, aunque con excepciones, y, sobre todo,
eliminación de los mismos títulos en universidades cercanas.
Fuente: ABC.
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